El CGPJ debate el rechazo a las comisiones de investigación que buscan «someter» a los jueces

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá hoy una propuesta de nueve vocales de la institución que defienden que los jueces "no pueden comparecer ante las comisiones de investigación" impulsadas por el independentismo bajo el paraguas del "lawfare" para ser interrogados sobre su actuación jurisdiccional. Según ha podido saber LA RAZÓN, estos vocales coinciden en que conforme a la Constitución "no existe posibilidad de control alguno del Parlamento sobre el Poder Judicial". De hecho, defienden que la Carta Magna excluye del ámbito de actuación de las comisiones de investigación las resoluciones judiciales, una "salvaguarda" constitucional que esgrimen como exponente de la independencia del Poder Judicial respecto al Parlamento.

La intención de los vocales del bloque conservador que se oponen a que los jueces tengan que acudir al más que previsible llamamiento de las comisiones ya en marcha en el Congreso, y las que estén por constituirse en el futuro, es que el Pleno respalde esa conclusión y deje claro, además, que las posibles responsabilidades en que incurran los magistrados solo son exigibles por el CGPJ o por los tribunales competentes, pero "en modo alguno" pueden ser interrogados en sede parlamentaria sobre "una posible intencionalidad personal" en la adopción de sus decisiones jurisdiccionales ni sobre la justificación de esas resoluciones.

Del mismo modo, pretenden que el Consejo inste a los presidentes del Congreso y el Senado a proceder "de manera urgente" al nombramiento de los vocales del CGPJ, llevando a cabo una renovación pendiente desde hace cinco años por la falta de acuerdo entre PSOE y PP, un "lamentable episodio" que consideran "indigno de un país democrático de la Europa del siglo XXI".

"Los desmentidos de hoy, realidades de mañana"

La opinión de la mayoría del CGPJ coincide en oponerse a que se pretenda, apelando al "lawfare, "someter a los jueces al control" de las Cortes por sus resoluciones. Ante una situación de "suma gravedad", con calificativos "insultantes" incluidos e imputaciones a jueces de actuaciones delictivas, entienden que el CGPJ no puede guardar silencio y está obligado a dar "una respuesta más contundente". Sobre todo, señalan, porque la hoja de ruta del independentismo "se va cumpliendo puntualmente" y temen que los ataques al Poder Judicial se incrementarán en el futuro, "porque los desmentidos de hoy son realidades de mañana". Por este motivo, estos nueve vocales aseguran que es hora de "dar seguridad a los jueces que puedan sentirse inquietados" en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales frente a lo que califican de intento de transmitir a la ciudadanía supuestas "actuaciones abyectas" de la judicatura para desacreditarla.

Estos consejeros se quejan asimismo de que los magistrados han tenido que afrontar esos ataques "sin que ni la Presidencia de ambas Cámaras ejercieran las llamadas al orden" y sin que ningún miembro del Gobierno haya desacreditado esas "mendaces" imputaciones, lo que ha generado una "lógica y profunda inquietud" en los miembros de la carrera judicial.

Las conclusiones con las que esperan conseguir el respaldo de sus compañeros también evidencian su desconfianza ante unas llamadas a la calma que, dicen, no buscan resolver los problemas generados sino acallar las reacciones contra esos ataques para "acometer un nuevo paso en ese atropello a las potestades jurisdiccionales", en lo que denominan "una deriva de auténtico acoso al Poder Judicial".

Sin respaldo constitucional

Con este panorama, los vocales en contra de que los jueces tengan que rendir cuenta ante el Parlamento hacen hincapié en que "no hay un solo precepto en la Constitución que confiera al Poder Legislativo control alguno sobre el Poder Judicial". Y esgrimen el artículo 117 de la Constitución para defender que los jueces "quedan sometidos únicamente al imperio de la ley, no al control de las Cortes", por lo que no pueden ser inquietados "de forma alguna" en el ejercicio de sus funciones.

Y respecto a las "tan rechazables" acusaciones de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, los nueve vocales le recuerdan que el Poder Judicial "no está sometido a las Cortes ni estas pueden imponerle actos de control, como pueden ser la creación de comisiones de investigación" que dan por seguras porque "todo lo que en los últimos tiempos se da por temido, acontece, pese a los desmentidos momentáneos".

Los acuerdos de investidura y los ataques del independentismo responden, según denuncian, a una "calculada estrategia" que pasa por imputar a los jueces resoluciones de intencionalidad política, para a continuación "exigir una responsabilidad en esa faceta política que solo podría corresponder a las Cámaras, de donde se llegaría a la justificación de que deberán ser investigados en sede parlamentaria", una intención que no dudan en calificar de "escabrosa".

Los vocales asumen que esas citaciones de magistrados se producirán y que se les amenazará con la posible comisión de un delito de desobediencia, como ya sucedió en dos ocasiones cuando el Parlament intentó sin éxito que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control del CNI, declarase sobre el espionaje al independentismo con el programa "Pegasus". "Esa posibilidad no puede descartarse por inadmisible que resulte", aseguran.