Veintiún fiscales del Supremo instan a García Ortiz a denunciar a Nogueras por sus "ataques, insultos y amenazas" a los jueces

Veintiún fiscales del Tribunal Supremo han reclamado por carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que denuncie "sin más dilación" a la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Miriam Nogueras por sus "ataques, insultos y amenazas" contra los jueces. En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, estos representantes del Ministerio Público -fiscales de Sala y de la Sección Penal de la Fiscalía del alto tribunal- consideran sus palabras -llamando "indecentes" a magistrados del Supremo y asegurando que deberían ser juzgados por "retorcer el derecho y la ley" para perseguir al independentismo- "absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de derecho".

En esa carta remitida a García Ortiz -quien mañana tendrá otra oportunidad de pronunciarse en el Consejo Fiscal, después de que el vocal Salvador Viada haya solicitado que el asunto se debata en la sesión-, los fiscales mantienen que esos ataques, dirigidos también contra la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Concepción Espejel, "y altos funcionarios de la Guardia Civil, así como contra varios periodistas, a los que señala por haber actuado profesionalmente por motivos políticos e ideológicos en algunos procesos judiciales" justifican que intervenga el fiscal general del Estado.

Tras expresar su "más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas, amparándose en la tribuna parlamentaria, contra las citadas personas" (señaló directamente a los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal del juicio del "procés"; Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés"; Carmen Lamela, que como magistrada de la Audiencia Nacional se hizo cargo en 2017 de la investigación a los líderes independentistas hasta que el alto tribunal asumió el procedimiento; y Carlos Lesmes, expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial), los fiscales firmantes señalan que "no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados (miembros de otros poderes del Estado)" sino que, además, "son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho". Al mismo tiempo, añaden que representan "un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática".

"Velar por la independencia de los tribunales"

Los fiscales recuerdan que el artículo 124.1 de la Constitución establece expresamente que el Ministerio Fiscal "tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". Algo que, subrayan, también dispone el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La "sujeción a ese mandato constitucional y estatutario" -sostienen- les obliga a García Ortiz "que se proceda sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales anteriormente expuestos, y a que adopte como primer defensor y garante del orden constitucional las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales, cuya actuación está siendo indebidamente cuestionada por las manifestaciones ya referidas".

El pasado 21 de noviembre, dieciocho fiscales del Tribunal Supremo reclamaron al fiscal general que defendiese a los fiscales del "procés" de las "injuriosas insinuaciones" de "lawfare" (utilización de la Justicia con fines políticos) que el independentismo plasmó en el acuerdo con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. En esa ocasión, achacaron a García Ortiz "falta de voluntad" para salir al paso de esos ataques ante lo que consideraban "gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal", sobre todo tras la demanda de amparo formulada por los cuatro fiscales del "proces" -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena- ante los "injustificados ataques" a los que han sido sometidos tanto ellos como los fiscales de Cataluña.

Tenso Consejo Fiscal

En el Consejo Fiscal que se celebra hoy, los ataques de Junts a los jueces estarán sobre la mesa. El vocal Salvador Viada ha pedido que se incluya en el orden del día el debate sobre la intervención parlamentaria de la portavoz de Junts en el Congreso, "atacando de manera directa y ofensiva a diversos magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional". Algo que, defiende, "no debe quedar sin respuesta ni del fiscal general del Estado (que hasta ahora no ha tenido a bien pronunciarse sobre ese hecho) ni del Consejo Fiscal".

Según el fiscal Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts y sus referencias a un supuesto "lawfare" que, recalca, "ofende al Ministerio Fiscal y a los fiscales que condujeron de manera brillante la causa del "procés" en el Tribunal Supremo", así como a otros fiscales de Cataluña), y la creación de comisiones parlamentarias "para examinar y en su caso delimitar responsabilidades de quienes se considere que han actuado de manera arbitraria" en esos asuntos, "exigen una respuesta institucional" del Consejo Fiscal.

Por tanto, ha propuesto añadir al punto ya solicitado por los vocales de la Asociación de Fiscales, al que se adhirió, "un pronunciamiento sobre esta confrontación absurda que se está produciendo contra el Poder Judicial en España por parte de algunos políticos, que, en lugar de contribuir a despolitizarlo han optado por la vía del desprestigio y el señalamiento individual".

El pasado día 11, tres semanas después de que esos 18 fiscales del Tribunal Supremo reclamasen al fiscal general que les defendiese públicamente de las "injuriosas insinuaciones" de "lawfare", García Ortiz se comprometió a defender "a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el "procés" independentista de Cataluña".