El fiscal general enmarca los ataques de Nogueras a los jueces en la "inviolabilidad" parlamentaria

El Consejo Fiscal ha otorgado por unanimidad el amparo a todos los fiscales "que actuaron o actúan en todos los procedimientos derivados del proceso independentista de Cataluña". El órgano consultivo de la carrera ha sacado adelante finalmente esa declaración de respaldo a los fiscales del "procés" -que los propios fiscales del Tribunal Supremo le reclamaron sin éxito-, tal y como pretendían los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), que llevaron el asunto a la sesión respaldados por el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Sin embargo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cerrado la puerta a un posible pronunciamiento sobre la ley de amnistía y en relación a los ataques de Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, a los jueces. Respecto a la primera cuestión, ha insistido -en una declaración institucional- en que un posicionamiento al respecto "excedería las competencias que este órgano tiene legalmente atribuidas y supondría interferir en las facultades tanto de un poder del Estado, como es el Poder Legislativo, como en las competencias que corresponden a otros órganos del Ministerio Fiscal, que más adelante deberán intervenir en la eventual aplicación de la norma".

Y en relación a los ataques de Nogueras a los jueces del "procés" desde la tribuna del Congreso, el fiscal general ha esgrimido que los diputados y senadores "gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 71.1 de la Constitución". Asimismo, ha recordado que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los magistrados que se consideren "inquietados o perturbados en su independencia" deben dirigirse al Consejo General del Poder Judicial, "mientras que lo que se encomienda al Ministerio Fiscal es promover por sí o a petición de aquéllos, las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial".

"Apoyo y defensa" del fiscal general

En esa declaración institucional, el fiscal general del Estado -con el apoyo de los miembros natos del Consejo Fiscal- ha manifestado "de manera inequívoca, como corresponde a la más alta representación de esta institución, su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluidos, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las diversas causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña".

La defensa del Estado de derecho, asegura, "es una función prioritaria" en la labor diaria de los fiscales ante los tribunales de justicia. "El sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de las instituciones públicas son la base de nuestra convivencia y del sistema democrático", recalca. "De ahí la importancia de la lealtad institucional como elemento vertebrador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es el mejor modelo de convivencia, como así ha sido desde hace más de cuarenta y cinco años".

"Lawfare" y acusaciones de Junts

Mientras los vocales de la Asociación de Fiscales fueron los encargados de llevar al Pleno la petición de una defensa expresa de los fiscales del "procés" por parte de García Ortiz frente a los acusaciones de "lawfare", el vocal de APIF Salvador Viada planteó la necesidad de que el fiscal general se posicionase públicamente en contra de los ataques de Junts, "de manera directa y ofensiva", a varios magistrados del Tribunal Supremo. El consejero entendía que su intervención en el Congreso no debía "quedar sin respuesta" ni de Garcia Ortiz ni del propio Consejo Fiscal.

Para este vocal, la acusación de "lawfare" que lanza el independentismo "ofende al Ministerio Fiscal y a los fiscales que condujeron de manera brillante la causa del "procés" en el Tribunal Supremo", así como a otros fiscales de Cataluña. Del mismo modo, se quejó de que la creación de comisiones parlamentarias "para examinar y en su caso delimitar responsabilidades de quienes se considere que han actuado de manera arbitraria" en esos asuntos, exige "una respuesta institucional" del Consejo Fiscal.

De ahí que propusiera al fiscal general dar un paso al frente ante la "confrontación absurda que se está produciendo contra el Poder Judicial en España por parte de algunos políticos, que, en lugar de contribuir a despolitizarlo han optado por la vía del desprestigio y el señalamiento individual".

Junts señala a los jueces

La portavoz parlamentaria del partido de Carles Puigdemont señaló directamente a los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal del juicio del "procés"; Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés"; Carmen Lamela, que como magistrada de la Audiencia Nacional se hizo cargo en 2017 de la investigación a los líderes independentistas hasta que el alto tribunal asumió el procedimiento; y Carlos Lesmes, expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como a la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Concepción Espejel, que fue presidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Ayer mismo, 21 fiscales del Tribunal Supremo reclamaron por carta a García Ortiz una defensa explícita de la actuación del Ministerio Público ante los ataques de JxCat, que consideran "absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho", por lo que -denunciaron- suponen "un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática".

Antes, 18 fiscales del alto tribunal ya habían reclamado al fiscal general que les defendiese de las "injuriosas acusaciones" de "lawfare" que acogía el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts que hizo presidente a Pedro Sánchez. Tres semanas después, García Ortiz se comprometió a defender a los fiscales que hayan intervenido en las causas relacionadas con el "procés" si son "perturbados" en sus funciones".