
Tribunales
Correos y llamadas clave en el "caso Begoña Gómez": Presidencia informa de los teléfonos de la asesora
El juez Peinado decidirá el siguiente paso tras los problemas con el mail de la cátedra y la aparición de una dirección del Gobierno vinculada a la mujer del presidente

Varios son los extremos pendientes de ser confirmados en cuanto al análisis de los correos vinculados a la actividad de la cátedra que dirigía la mujer del presidente del Gobierno y las llamadas de la asesora de Moncloa imputada en el "caso Begoña Gómez", Cristina Álvarez.
En primer lugar, está pendiente que el juez Juan Carlos Peinado tome alguna decisión, resuelva cuál es el paso alternativo a dar, después de que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) pusiese esta pasada semana en su conocimiento que no tiene acceso a la cuenta de correo electrónico vinculada a la desaparecida cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva.
El instructor había pedido que se volcasen todas las comunicaciones que se recibieron y enviaron a "hola@transformacionsocialcompetitiva.org". Pero, como esta dirección no tiene un dominio vinculado a la Complutense, la universidad le comunicó que los mails no son accesibles para su personal técnico. En definitiva, que, de momento, el instructor no podrá conocer su contenido.
Siguiendo con los correos, también queda por saber si acepta rastrear la cuenta que tenía la esposa de Pedro Sánchez en Presidencia. Un extremo que no se conocía, pero que esta semana, a raíz de una petición de información pública cursada a Transparencia, ha quedado al descubierto.
En reacción, la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, pidió este pasado viernes al juez que investigase si, utilizando esta cuenta, pudo mantener "reuniones telemáticas" con las compañías privadas que patrocinaban su cátedra de la UCM.
La acusación le llegó a plantear la posibilidad de que cursase oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para intervenir el contenido de esa dirección corporativa del Gobierno vinculada a Gómez. Esta parte defiende que es una diligencia a practicar de utilidad para esclarecer si existió tráfico de influencias en cómo la esposa del jefe del Ejecutivo conseguía financiación para esta actividad profesional privada que desarrollaba. Lo crucial es saber si se valió de su condición de esposa del presidente a la hora de lograr estos fondos.
Ahora, le corresponde al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid valorar su pertinencia y tomar una determinación sobre si autoriza esta pesquisa y, si accede, fijar en qué términos se debiera desarrollar.
Además, tal y como ha podido saber LA RAZÓN, la acusación, bajo la batuta del letrado Javier María Pérez-Roldán, mantiene recurrido el "no" del juez Peinado a ampliar la investigación a los mensajes que albergan otras tres cuentas de correo vinculadas a Gómez durante su etapa como directora de la cátedra y los mails que pudo intercambiar con la dirección que mantiene Álvarez en Presidencia y la personal de Gmail. Falta, por tanto, que el instructor se pronuncie sobre si rectifica y, ahora, lo admite, o vuelve a denegar la ejecución de esta diligencia.
Por último, según ha podido confirmar este diario de solventes fuentes jurídicas, Presidencia del Gobierno, cumpliendo con una orden del juez Peinado, ha dado cuenta de las líneas de teléfono de trabajo que mantiene o tuvo asignadas Álvarez como alto cargo de Moncloa.
Ahora, le toca a la UCO analizar los registros telefónicos vinculados a estos números para certificar si existen llamadas entre Álvarez y las empresas que financiaron y desarrollaron el software (Telefónica, Indra, Google, Manpower) y las compañías que patrocinaron económicamente la cátedra que codirigía Gómez (fundación La Caixa y Reale Seguros).
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