Covite alerta de la “normalización” del trato de favor a etarras que no se arrepienten

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha lanzado una dura advertencia: la sociedad española asiste a la “normalización” del trato de favor a presos de ETA no arrepentidos, con el aval de las instituciones públicas. A través de un comunicado, la organización presidida por Consuelo Ordóñez ha denunciado la reciente concesión de terceros grados a tres etarras que, según subrayan, siguen vinculados a la izquierda abertzale y participan en actos de enaltecimiento.

Se trata de Gregorio Escudero Balerdi, Ibai Beobide Arza y Unai Bilbao Solaetxe, cuyas penas han sido flexibilizadas por la Consejería de Justicia del Gobierno vasco. “Están en las listas de Etxerat y se les presenta como presos políticos. Eso ya demuestra que no han roto con la estrategia de ETA ni se han arrepentido”, sostiene Covite.

Pero la organización va más allá de la crítica individualizada. “Lo grave -alerta Ordóñez- es que esto se está convirtiendo en rutina institucional. Los terceros grados y la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se están concediendo sin cumplir los requisitos legales, ni éticos, ni sociales que deberían exigirse en un Estado de Derecho”.

Actualmente, según datos del propio colectivo, 17 etarras disfrutan de beneficios penitenciarios del 100.2 pese a no haber obtenido oficialmente el tercer grado, un régimen previsto en teoría para casos excepcionales. En la práctica, afirman desde Covite, se está usando como vía paralela para facilitar salidas y permisos a presos que no han mostrado arrepentimiento ni colaboración con la Justicia.

¿Qué significa ese artículo?

El artículo 100.2, que fue clave en su momento para reinsertar a presos arrepentidos de ETA en la Vía Nanclares, sin embargo, está siendo ahora utilizado para conceder ventajas a etarras sin arrepentimiento alguno, lo que pervierte el sentido del artículo. Se mantiene al preso en segundo grado, pero se le permite disfrutar de algunas ventajas del tercer grado (régimen abierto o semiabierto). Es una herramienta flexible pensada para casos muy concretos, cuando se ve una evolución positiva en el interno, aunque aún no reúna todos los requisitos para ser oficialmente clasificado en tercer grado. Pero, según denuncia Covite, se está abusando del 100.2 para acelerar beneficios penitenciarios a presos de ETA sin que hayan mostrado arrepentimiento ni desvinculación de su entorno político aplicando de forma generalizada, cuando la ley lo contempla como excepcional.

“La última exigencia de ETA sigue en pie: vaciar las cárceles. Y se está cumpliendo poco a poco, con cartas privadas sin valor legal ni compromiso real, mientras esos mismos presos son aplaudidos en sus pueblos como héroes. Es una burla para las víctimas”, denuncia el colectivo.

Covite también ha cargado contra el papel pasivo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a los que acusa de “convalidar un proceso que socava los principios de justicia y reinserción”. “No hay reinserción sin arrepentimiento. Lo vivimos con la Vía Nanclares y lo sabemos: esto no es justicia, es un atajo político”.