Cuca Gamarra: «Si alguien quiere apoyar una moción de censura contra Sánchez, que lo traslade»

Acaba su entrevista con LA RAZÓN y cuando Cuca Gamarra (Logroño, 1974), vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, quita el modo avión de su teléfono móvil le llegan las notificaciones en catarata. «Desconectas una hora y ya hay un auto nuevo».

Es viernes en un Madrid que, de golpe, amaneció invernal, con lluvia y frío. Lúgubre, como la vida pública española, oscurecida por el frentismo partidista y una crisis institucional que se agrava con el paso de los días. Para muestra, el juicio al fiscal general del Estado, que el Gobierno quiere convertir en una suerte de partido de fútbol. Izquierda contra derecha, rojos contra azules. España de trincheras y muros.

Parece que el juicio al fiscal general del Estado se ha convertido en un partido de fútbol. ¿Quién diría que va ganando?

Va perdiendo la democracia española.

¿Aceptaría el PP con deportividad una derrota, que sería la absolución del fiscal?

No tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de corrupción institucional y de degeneración democrática. Y el umbral de lo admisible no se puede situar en el Código Penal. Esto no es un partido de fútbol. No es una competición. Es el Estado de Derecho, la democracia española lo que está en juego. Un fiscal general del Estado se ha convertido en el fiscal general del Gobierno y está siendo juzgado por vulnerar el derecho a la defensa de un ciudadano y la confidencialidad de las comunicaciones entre un ciudadano y la Fiscalía. Quien tiene como obligación perseguir el delito está siendo juzgado por presuntamente haber cometido delitos. Y no solo no ha dimitido, sino que además se está sentando con la toga, llevando a una confrontación institucional a un poder como es el Poder Judicial. No es el Tribunal Supremo contra el Ministerio Fiscal.

¿Y si resulta finalmente absuelto?

Nadie cuestiona su derecho a la presunción de inocencia. Pero lo que sí que es censurable es que no haya dimitido para no poner en entredicho nada más y nada menos que a todo el Ministerio Fiscal por sus conductas personales, única y exclusivamente. Hace mucho tiempo que debería de haber presentado su dimisión para poder defender su presunción de inocencia como el ciudadano García Ortiz.

"Sánchez pide al fiscal general que siga porque lo necesita para hacer frente a sus causas judiciales"

¿Qué propone el PP para que no se vuelva a repetir una situación inédita como la actual?

Regeneración institucional. Es el gran reto que tiene España por delante y que el PP afronta: devolver la imparcialidad y la independencia a cada uno de los poderes ante el control al que ha querido someterlos Pedro Sánchez.

La independencia empieza con el nombramiento.

Sin duda alguna. Y por eso la reforma que ha anunciado el presidente Feijóo para introducir cambios en el proceso de nombramiento del fiscal general del Estado. Que tenga esa imparcialidad que necesita, esa independencia del Poder Ejecutivo y que vendrá dada por un proceso totalmente diferente al que hay en estos momentos. Que el Consejo General del Poder Judicial se centre en su idoneidad para esa alta responsabilidad. Hace falta también reformar el sistema de cese. Ante una situación como la que estamos viviendo debería de producirse de inmediato.

Hay ciertas cláusulas por las cuales se podría cesar al fiscal general. Depende de la voluntad del Gobierno.

No puede depender de la voluntad del presidente del Gobierno sino que el cese tiene que ser automático por ley. Vemos que el Gobierno ni tan siquiera le ha pedido la dimisión. Porque el primero que le pide y al que interesa que continúe y siga siendo fiscal general al servicio del Gobierno es el propio Pedro Sánchez. Porque lo necesita. Porque ha convertido todos los instrumentos del Estado en instrumentos del Gobierno. Mejor dicho, en instrumentos al servicio del presidente para hacer frente a todas sus causas judiciales que tiene en marcha. O, cuando no, para perseguir al adversario político. Es lamentable e indignante, democráticamente hablando, ver la sumisión de todo un fiscal general del Estado al Gobierno.

¿El PP hace autocrítica con que el gabinete de la presidenta Ayuso desveló información sobre la negociación entre la Fiscalía y un particular?

Aquí sólo se está juzgando al fiscal general del Estado. No se está juzgando a nadie más. Y no están en el mismo plano. Hablamos de derechos fundamentales y de la persecución a un particular con un objetivo político.

La Audiencia Nacional decidió el jueves abrir una pieza separada sobre los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo. ¿Qué le parece?

Que, si cogemos la actualidad estas últimas semanas en España, veremos que los españoles tienen muchos problemas y la agenda política no viene marcada por soluciones. Sino por la agenda judicial que afecta al Gobierno. ¿Y los españoles? ¿Y sus problemas? ¿Quién se ocupa de ellos? El PP, sí. Está presentando una agenda de propuestas y soluciones. Es de máxima gravedad que, en apenas 24 horas del «no me consta, no recuerdo, no lo sé» de Pedro Sánchez en el Senado, pasamos a un durísimo y contundente auto del Supremo con referencias a posibles financiaciones irregulares o situaciones de blanqueo dentro de las cuentas del PSOE. Es de máxima gravedad que la Audiencia Nacional, en virtud a ese auto, abra una pieza separada y comience a investigar las cuentas del PSOE. Evidentemente, hay muchas explicaciones que dar. ¿Y los socios, qué opinan de esto?

"Más pronto que tarde sabremos qué papel activo desarrolló Sánchez en la trama"

El Gobierno celebra que el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres le exculpa de cualquier delito.

La Audiencia Nacional ya ha llamado a declarar a Koldo y Aldama por el informe de la UCO. Hemos escuchado las grabaciones y se han podido leer los mensajes entre Ángel Víctor Torres con dos de las personas que forman parte presuntamente de una organización criminal y van a ser juzgados próximamente por ello. Esa participación activa, en las adjudicaciones de contratos y en los pagos por la entrega de unas mascarillas que, en muchos casos, además, no cumplían ni tan siquiera los requisitos. Hay un lenguaje impropio de un ministro. Quedan claras las presiones a funcionarios. Una persona con estas conductas, estas compañías y este lenguaje no puede estar ni un día más sentado en el Consejo de Ministros. Claro, que con qué cara le va a pedir Sánchez que se vaya viendo el ejemplo de lo que el propio Sánchez representa.

¿Hay margen de mejora para legislar contra la corrupción?

Por supuesto. El plan de regeneración institucional que el presidente Feijóo está liderando va a plantear reformas. Pero también es una cuestión de conductas.

¿Reformas del Código Penal?

Hay medidas en todos los ámbitos. También en el del Código Penal y preventivas para una detección temprana de este tipo de conductas. Pero, ojo, Pedro Sánchez lo detectó tempranamente y lo que hizo fue mirar hacia otro lado. Más pronto que tarde sabremos qué papel activo ha desarrollado en toda esta trama de corrupción.

¿Sánchez mintió en la comisión de investigación del Senado?

Esa comparecencia no la preparó con sus asesores políticos, la preparó con sus abogados. Y defendiéndose de acusaciones vendrán porque es el que mejor conoce todo los delitos que han cometido. A estas alturas todos sabemos que tiene, como mínimo, mucha información desde hace mucho tiempo y la ha tapado.

La portavoz en el Senado dice que quién miente, repite. ¿Le volverán a citar?

Ya veremos. Si Pedro Sánchez creía que todos esos problemas se habían terminado con la comparecencia del Senado, quedó claro que la gravedad de los hechos sobre los que tiene que dar respuesta, no solo desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista político a los españoles. Cada día son más.

Los socios. ¿Llegó el momento de volver a tantearlos?

Son los mismos que promovieron una moción de censura con la que decían que iban a luchar contra la corrupción. Y a día de hoy, saben que aquellos que promovieron, organizaron y defendieron la moción de censura lo tenían todo preparado para, desde el Gobierno, empezar un capítulo inédito de corrupción en la historia de España. La clave es que están callados, no dicen absolutamente nada. Si no han hecho algo a estas alturas, van a tener que dar muchas explicaciones. Pasan de socios a cómplices. Y tendrán que dar cuenta ante sus votantes y el resto de la sociedad española.

Junts ha anunciado que vetará todas las leyes del Gobierno.

Para nosotros esta legislatura nació muerta. Estamos ante un Gobierno que en ningún momento ha contado con el respaldo de una mayoría parlamentaria. Consiguió un acuerdo de investidura, pero no de gobernabilidad. Esa mayoría para la investidura la consiguió única y exclusivamente para permanecer en el poder, siendo consciente de que con esos socios lo único que iba a conseguir era paralizar y bloquear las posibilidades de gobernar en nuestro país. Era una mayoría negativa, en contra de España. La mayoría de sus socios no tienen ningún interés en trabajar por y para España, ¡si quieren irse! Sólo tiene una salida: elecciones. No hay otra.

¿Y una moción de censura instrumental apoyada por Junts, con un candidato independiente y para convocar elecciones?

Esa propuesta no la hemos escuchado a Junts.

¿La puerta para que Junts apoye una censura encabezada por Feijóo para convocar elecciones está abierta?

España necesita urgentemente elecciones. Hoy no hay apoyos suficientes para que la moción pueda salir adelante. Alberto Núñez Feijóo hace mucho tiempo que fue muy claro: si alguien quiere apoyarla, sabe que puede llamar y que lo traslade, pero ese planteamiento no se ha producido.

"Carlos Mazón asume responsabilidades políticas, se hace cargo de la situación anímica de la Comunidad Valenciana"

¿Cómo va la negociación para el relevo de Carlos Mazón?

La Comunidad Valenciana no tiene un problema de gobernabilidad. Ha tenido una mayoría suficiente para poder desarrollar sus políticas hasta este momento. Tiene incluso unos presupuestos aprobados y desplegando todo su efecto. Y tiene un gran reto por delante, que es la reconstrucción tras una terrible tragedia. Por lo tanto, esperamos altura de miras suficientes por parte de Vox, para que esa estabilidad y ese reto se puedan materializar.

¿Hay líneas rojas?

No se trata de hablar de líneas rojas. Nadie entendería que primen intereses tacticistas cuando lo que está en juego es el futuro de todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

¿Hay alguna exigencia que el PP no esté dispuesto a aceptar?

No hay que hablar de situaciones hipotéticas que no están hoy en la actualidad política. Lo importante es buscar esa estabilidad que el gobierno de la Generalitat necesita. Y es posible porque no hay una crisis de gobernabilidad.

¿Cierra una grieta el PP con la marcha de Carlos Mazón?

Lo que cierra es la asunción de unas responsabilidades políticas por parte de quien ha sido presidente de la Generalitat, que las ha asumido en primera persona, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno de España, que no se han asumido absolutamente ninguna. Eso marca la diferencia. Se hace cargo también de la situación anímica de la propia sociedad valenciana después de esa tragedia.

¿Habrá un Congreso del PP en la Comunidad Valenciana?

Eso, cuando toque. Ahora mismo, el primer objetivo es garantizar la estabilidad en la Comunidad Valenciana, que es uno de los motores económicos de nuestro país y que una tarea entre manos de una gran envergadura como es la reconstrucción después de que muchas familias lo perdieran absolutamente todo.

Extremadura. ¿Cómo pinta la campaña?

Sánchez y el PSOE nos quieren hacer creer que es normal lo que son todo anomalías. Que es normal gobernar sin presupuesto, sin una mayoría parlamentaria, que el presidente tenga a su familia imputada ya con fecha para sentarse en el banquillo, que un partido de gobierno esté siendo investigado por financiación irregular, que un ministro de Fomento del gobierno se vaya a sentar en el banquillo. Todo eso es una anomalía. Lo que es normal, democráticamente hablando, es lo que ha hecho María Guardiola: ejercer la responsabilidad política. Ha intentado sacar adelante unos presupuestos y nuevamente se produce un bloqueo. Por tanto, desde lo que es la normalidad democrática, lo que hace es dar la palabra a los extremeños.

¿Jorge Azcón ejercerá su responsabilidad política si no consigue aprobar los presupuestos?

Depende de cada comunidad autónoma y de si, con los presupuestos que tienes aprobados en esta legislatura, puedes seguir gobernando o no puedes hacerlo porque estás en una situación de bloqueo. Esta es la diferencia. Aragón no lo está y, por tanto, el presidente de Aragón ha tomado sus decisiones.

"Nadie va a poder borrar el papel fundamental que ha tenido el Rey Juan Carlos en que hoy tengamos la democracia"

Se cumplen 50 años de la restauración monárquica en España, ¿Qué le parece que el Rey Juan Carlos no tenga previsto participar en ningún acto oficial?

Participe o no en los actos programados, nadie va a poder borrar el papel fundamental que ha tenido el Rey Juan Carlos en que hoy en España tengamos la democracia. Es la historia democrática de España y su papel en la Transición forma parte de nuestra historia. Lo tenemos que reconocer y agradecer.

Ley de memoria democrática. El PP ha prometido derogarla y aprobar una de Concordia. ¿Podría hacerlo sin el PSOE?

Eso lo decidirá el PSOE. El PP lo va a hacer. Forma parte de una manera de entender la política y la convivencia, la de Alberto Núñez Feijóo, y no es la de españoles contra españoles, sino la de españoles con españoles. La regeneración pasa por derribar muros y no volver a levantarlos. Buscar consensos, grandes acuerdos de Estado, recuperar las buenas formas del día a día de la política española. El propio espíritu de querer derogar la ley de memoria democrática pasa por buscar concordia y sustituir los muros por acuerdos y pactos de Estado. La política en mayúsculas. Y, por supuesto, que nuestro país no puede ser el notario de la memoria de nuestra democracia y no puede serlo porque tienen que ser las víctimas del terrorismo quienes sean los notarios de nuestra democracia y no aquel que ni tan siquiera condena el pasado de una banda terrorista y se erige como heredero de la misma o incluso promueve, con el beneplácito y el apoyo del Gobierno, que la kale borroka vuelva a aparecer en el día a día de la sociedad española.

¿Ha llegado la hora de reformar la Constitución? Para tapar grietas por las que se cuela un gobernante como Sánchez, que pretende gobernar cuatro años sin Presupuestos.

Es cierto, el constituyente, y además con algunos todavía tenemos la suerte de poder hablar y hay que escucharles y mucho, nunca pudo pensar que se encontraría con un presidente con esta falta de principios democráticos, capaz de superar todo tipo de límites y de barreras. También es cierto que para que se pueda producir una reforma constitucional necesitas un contexto que, en estos momentos, puede no ocurrir. Evidentemente tienes que conseguirlo a través de grandes acuerdos. Pero, hoy por hoy, y esto va a estar muy presente en el plan de regeneración, se pueden llevar a cabo muchas reformas, sin necesidad de reformar la Constitución, que pueden garantizar límites y establecer instrumentos para que no se vuelva a repetir en España una etapa como la que significa el sanchismo.

Hay sondeos que acercan a PP y Vox a la mayoría requerida para reformar la Constitución. ¿No estarían dispuestos a intentarlo sin el concurso del PSOE?

Estoy convencida que las próximas elecciones van a ser el acta de defunción del sanchismo. A partir de ahí, el PSOE tendrá que decidir si se refunda. Es una incógnita. Pero tendremos la oportunidad de abrir un camino de concordia y regeneración.

¿Se ha producido algún contacto con el Gobierno para abordar el relevo de Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional?

No. Cuando hablamos del futuro del Constitucional, y a la vista de los últimos años, no sólo es un momento de renovación sino también de regeneración.

¿Van a plantear límites en la elección de los magistrados?

Vamos a abordar en profundidad cómo tiene que ser el futuro de un Tribunal Constitucional con mayor fortaleza, mayor independencia y, por tanto, va a formar parte del plan de regeneración institucional que verá la luz próximamente. No es una cuestión de parches, es una cuestión de profundas reformas que necesita nuestro país tras el sanchismo, que funciona como la carcoma de todos los pilares del Estado de Derecho.

Empezamos hablando en términos futboleros. Terminemos igual. El Constitucional es el árbitro, pero lo eligen, en buena medida, los jugadores. Gobierno, Congreso-Senado y, es cierto, también el Poder Judicial.

Es la propia Constitución la que determina cómo se establece esa elección y cumple con todos los estándares del Estado de Derecho. Nunca nadie ha puesto ni una sola pega, porque son los tres poderes que intervienen en la elección de quienes están llamados a ser nada más y nada menos que el Tribunal de Garantías. Podemos entrar en otros aspectos pero, en este caso, hay alguien que tiene que nombrar y creo que el constituyente estuvo muy fino.