El dictamen del CGPJ sobre la amnistía no estará en el plazo fijado por el Senado

El informe sobre la amnistía que el Senado solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no estará en el nuevo plazo que fijó la Cámara Alta, el 22 de febrero. Los vocales encargados trabajan con sus propios tiempos y, tal como adelantó LA RAZÓN, la fecha clave para que el órgano de gobierno de los jueces dé su visto bueno al dictamen será el 29 de febrero, una semana más tarde. Ese día tendrá lugar el Pleno ordinario, que siempre se celebra el último jueves de cada mes. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que no está prevista la celebración de ningún Pleno extraordinario y que en la agenda de los vocales solo figura el último jueves de febrero. Es decir, el CGPJ ha mantenido su calendarización para emitir el análisis que le solicitó el presidente del Senado, Pedro Rollán, de cara a la tramitación de la futura ley de amnistía, que tiene que pasar por la Cámara Alta.

El CGPJ ya solicitó una primera prórroga de 15 días el 11 de enero, a contar a partir del 24 de enero. Después, a principios de febrero, envió otra carta solicitando 15 días más. Esto último, en el marco de la incertidumbre sobre la tramitación de la proposición de ley en el Congreso, cuyas enmiendas fueron rechazadas por el propio Junts en el Pleno de la Cámara Baja del 30 de enero. Hubo quien vaticinó la posibilidad de que la norma que regula la aplicación de esta medida de gracia para los políticos del «procés» se quedara en agua de borrajas y no saliera adelante. Rollán aceptó esta segunda ampliación que pidió el CGPJ, pero solo dio siete días más en lugar de los 15 solicitados. Esto supone que el dictamen se debería entregar el 22 de febrero. Pero no tuvo en cuenta los plazos del órgano de gobierno de los jueces ni que el informe debía ser aprobado en un Pleno ni que estos se celebran, de forma ordinaria, a finales de cada mes.

Actualmente, hay dos vocales designados como ponentes: la progresista Mar Cabrejas y el conservador Wenceslao Olea. Según ha podido confirmar este periódico, ambos han estado trabajando de manera independiente, cada uno con su equipo de letrados. A finales de esta semana, pondrán en común la labor realizada. El tiempo que han requerido y las prórrogas de los plazos de entrega han sido necesarios para trabajar con precisión y sin agobios, evitando caer en interpretaciones simples. Todo ello con la idea de realizar un examen exhaustivo y plantear argumentos sólidos sobre el encaje de la amnistía en el ordenamiento jurídico español, estudiar antecedentes y también los casos de otros países. Este encuentro de ambos ponentes será extenso y la idea es salir de él con un informe de consenso. Pero si esto no es posible, irán al Pleno con sendas propuestas para que sean los vocales los que decidan cuál de las versiones saldrá adelante o si se emite un dictamen con ajustes. Todo puede pasar. Para que esto sea posible, el lunes entregarán a los otros vocales los borradores para que los estudien y lleguen «con los deberes hechos» a la reunión ordinaria del jueves.

A las dificultades propias de la elaboración de un informe de estas características, se suman los vaivenes en la tramitación de la norma en el Congreso, que ha sido menos ágil de lo planificado inicialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez. El plazo para su aprobación también se ha ampliado hasta el próximo 7 de marzo.