Dieciocho fiscales del Supremo exigen a García Ortiz que les defienda de los "injustificados ataques" del independentismo

Dieciocho fiscales del Tribunal Supremo reclaman al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que defienda a los fiscales del "procés" de las "injuriosas insinuaciones" de "lawfare" (utilización de la Justicia con fines políticos) que el independentismo plasmó en el acuerdo con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

En un comunicado, muestran su "decepción" por lo que consideran "falta de voluntad" del fiscal general para salir al paso de esos ataques, pues consideran insuficiente la respuesta de García Ortiz hecha pública el pasado día 16 , que para ellos "no ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo" formulada por los cuatro fiscales del "proces" -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena- ante lo que consideran "injustificados ataques a que están siendo sometidos" tanto ellos como los fiscales de Cataluña.

Los 18 fiscales firmantes terminan su escrito al fiscal general trasladando su "reconocimiento y apoyo al trabajo realizado por la Fiscalía en defensa de la legalidad y del orden constitucional".

Después de que los fiscales del "procés" reclamaran a García Ortiz un posicionamiento público en defensa del Ministerio Público por las acusaciones de "lawfare", el fiscal general eludió pronunciarse sobre el asunto y replicó que el Ministerio Fiscal "debe respetar el principio de separación de poderes" y evitar "cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado".

Las quejas de los fiscales del "procés"

Los fiscales del "procés" trasladaron a García Ortiz su "especial preocupación" al considerar que el acuerdo del PSOE con Puigdemont "anula el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial". Y se quejaban de que la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado (en este caso el Parlamento) "no es admisible en un Estado democrático y de Derecho", por lo que supone un "intento de establecer un control político sobre el poder judicial".

Según denunciaban, suponer que la actuación jurisdiccional fue injustificada y obedeció a motivaciones políticas representa "una quiebra absoluta de los valores constitucionales que inspiran nuestra democracia, en particular de la justicia, el pluralismo político y la igualdad ante la ley".

Por este motivo, le exigieron que expresase públicamente la "defensa de la institución y de su actuación imparcial y ajustada a la ley" frente a las acusaciones de "lawfare", algo que consideraban no podía soslayar escudándose en que la ley de amnistía no ha entrado en vigor, puesto que según recalcaban lo que solicitaban era "un pronunciamiento sobre el texto de un acuerdo que ya existe y ha sido publicado".