Discriminación salarial desde hace más de 26 años

El agravio comparativo que sufren los policías y los guardias civiles ya repercutía a los agentes en el 1991, cuando cobraban unas 80.000 pesetas menos que los Mossos y la Ertzaintza.

Las diferencias salariales que existen entre los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil respecto al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es un asunto temporal. La reivindicación que estos dos cuerpos enarbolan, tampoco. «Mismo trabajo, mismo sueldo» es un lema que en el año 1991 bien seguro que podría oírse en las manifestaciones que los sindicatos policiales convocaban para exigir al Ministerio del Interior que en las nóminas de cada agente se viese reflejado las mayores competencias y peligrosidad a la que estos cuerpos se enfrentan día a día.

En el año 1991, las policías del Estado percibían una media de casi 80.000 pesetas (unos 500 euros) menos que los cuerpos de seguridad autonómicos y locales, por lo que ya hacían de la equiparación su principal lucha, junto al pago de los días festivos y jornadas nocturnas trabajadas, así como de las horas extraordinarias. El agravio comparativo que sufrían los efectivos nacionales y agentes de la Benemérita es una lucha en la que estos funcionarios se ven envueltos desde los ochenta, pero es ahora cuando esta causa cobra su mayor auge, aupada por el apoyo de instituciones, políticos, ciudadanos y medios.

Al igual que a día de hoy los Mossos y la Ertzaintza son los cuerpos mejores pagados de toda España, en el año noventa el Estado también destinaba un mayor presupuesto al pago de las nóminas de los policías autonómicos. Unas diferencias que suponían que mientras un agente de Policía de escala básica y un guardia civil cobraran un sueldo bruto de 151.007 pesetas al mes, el mosso pudiese llegar a cobrar 220.000, mientras que un policía municipal de Madrid percibía alrededor de 188.686 pesetas y un policía vasco, 196.230.

El camino que han recorrido los sindicatos para lograr la equiparación viene también de lejos. Así, según unos datos ofrecidos por CEP, en unidad de acción, a este diario, en el 1990 ya se había establecido una agenda de asuntos de carácter económico a negociar entre la Dirección General de la Policía y las organizaciones sindicales, como la revisión del importe y distribución de la gratificación percibida por la realización del servicio en turnos rotatorios completos, o propuestas para la revisión de las retribuciones complementarias según escalas y categorías, y también propuestas de adecuación retributiva por destino en zonas singulares de la geografía nacional. En el 92 también se firmó un acuerdo para equiparar los sueldos de los agentes con el objetivo de que se produjese la «adecuación de las retribuciones globales, asimilándose con las percibidas por los funcionarios de escalas y categorías similares de los cuerpos dependientes de las Administraciones autonómicas».

Desde la asociación JUSAPOL, su presidente, Natan Espinosa, asegura que en esas fechas se pensaban que tenían «fuerza» porque estaban las olimpiadas de 1992 a punto de celebrarse, y esperaban que tras el evento pudiese abordarse el asunto. De hecho destacan que los sindicatos con el entonces ministro del Interior del Gobierno socialista, José Luis Corcuera, habían llegado a un acuerdo marco para hacer realidad esa subida. Sin embargo, tras las olimpiadas se les comunicó desde Interior que «había intenciones, pero no dinero». Por ello, ahora, con las promesas de que en los presupuestos generales del Estado para 2018 se incluya una partida dedicada a la equiparación salarial, los sindicatos aseguran que «hasta que no lo veamos reflejado en la nómina no nos creeremos nada». Precisamente hace unos días el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destacó que esta reivindicación histórica siempre había estado desatendida, mostrando unos recortes en los que Corcuera se había comprometido con los policías, un compromiso que nunca se materializó.