Lesiones graves

Dos policías se personan como acusación particular de la causa contra "Tsunami Democrátic"

Los dos agentes recibieron varios golpes mientras eran parte del operativo. Uno de ellos presenta lesiones de gravedad en el brazo y ya no es apto para ejercer su profesión

Mossos d'Esquadra cargan contra las miles de personas se agolpan ante el Aeropuerto del Prat después de que la plataforma Tsunami Democràtic haya llamado a paralizar la actividad del aeropuerto, en protesta por la condena a los líderes del 'procés'.
Protestas de Tsunami Democrátic en el aeropuerto de El PratQuique GarcíaAgencia EFE

Dos agentes de policía, lesionados de gravedad durante las protestas y altercados tras conocerse la sentencia del "procés", se han personado como acusación particular en la causa contra Tsunami Democrátic. La investigación por terrorismo contra esta plataforma está abierta en la Audiencia Nacional y los hechos que denuncian se produjeron en la jornada de huelga del 18 de octubre de 2019

Los dos policías, que están representados por el bufete Fuster-Fabra, se encontraban de servicio aquel día y tenían como principal cometido la protección de la Jefatura Superior de Policía.

En el escrito presentado por los abogados se indica que sobre el mediodía, la actitud de los asistentes a las protestas se tornó más violenta y comenzaron a lanzar objetos contundentes, como botellas de cristal llenas, piedras, tornillería, rodamientos metálicos, latas de cerveza, etc. La fuerza desplegada mantuvo la posición para proteger el edificio. A partir de las 14 horas, según el texto, llegaron unos encapuchados que ocuparon la primera línea y "usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco" o "Kale Borroka", lanzaron botellas con líquido corrosivo. Uno de los objetos impactó en el brazo de uno de los agentes, que fue trasladado al interior.

Más tarde, sobre las 20 horas, en la Plaza Urquinaona, este mismo agente, ya más recuperado del anterior golpe, "recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo", señala el escrito.

El segundo policía que se ha personado, recibió en ese mismo lugar un fuerte impacto en su mano. Como consecuencia, sufrió una fractura abierta en el radio del brazo derecho con desplazamiento. Tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, se ha tenido que jubilar con 45 años por no reunir las condiciones físicas necesarias.

Hace escasas fechas, el magistrado aceptó la personación en la causa de Vox y Dignidad y Justicia (DyJ) como acusaciones populares.

El juez Manuel García Castellón vio indicios para investigar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont e imputar a la secretaria general de ERC Marta Rovira en el marco de esta causa, que sigue su curso en la Audiencia Nacional.

Esta decisión se basa en un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil, que vincula a ERC con Tsunami Democrátic a través de Marta Rovira, en la investigación por terrorismo contra esta plataforma que coordinó "la ejecución de acciones de gran envergadura que movilizaran a miles de personas y que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España" para conseguir la libertad de los "presos políticos", la amnistía y la autodeterminación de Cataluña.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido en apelación la decisión del juez, al considerar "insuficientes" los indicios para imputar por terrorismo a Puigdemont por sus vínculos con Tsunami Democrátic. El Ministerio Público sostiene que se le atribuye "sin fundamento alguno" su asistencia a reuniones en Ginebra que, según entiende, no se celebraron para impulsar las acciones de la plataforma en respuesta a la sentencia del "procés" que derivaron en "gravísimos incidentes de orden público" como la ocupación del aeropuerto del Prat o en el corte de la AP-7 en La Junquera.

La Fiscalía limita los hechos a unos posibles desórdenes públicos de los que no sería competente la Audiencia Nacional, por lo que pide a la Sala que envíe la causa a los juzgados de Barcelona.