El "efecto Koldo" en el "fascinante mundo del Covid-19"

Se trataba de ayudar a los españoles, no de enriquecerse con la pandemia. Así al menos lo justificó ante el juez hace unos días el supuesto «cerebro» de la «trama», el empresario Juan Carlos Cueto, quien según la investigación era quien realmente movía los hilos detrás de Soluciones de Gestión, la sociedad del milagro empresarial de la multiplicación de los panes y los peces, capaz de pasar en solo un año de las telarañas de una facturación huérfana de números a resultar adjudicataria de contratos por valor de más de 52 millones de euros tras suministrar mascarillas en plena pandemia a los ministerios de Transportes, Interior y Sanidad y a los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias. Sin experiencia en el sector sanitario. Sin relaciones comerciales previas con el gigante asiático. El «efecto Koldo», o sea.

Koldo es Koldo García Izaguirre, asesor que fue del ministro José Luis Ábalos y hombre de su confianza. Avalado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que defendió en el Congreso su idoneidad para el cargo de consejero de Renfe Mercancías, que compatibilizó con su asesoría ministerial, la «mano derecha» de Ábalos está en el epicentro de la investigación judicial que ya le ha costado al que fuera «número dos» del PSOE su destierro al Grupo Mixto, aferrado a ese acta de diputado que Ferraz le reclama sin éxito (la aritmética parlamentaria del Gobierno y sus socios, ya se sabe, no está para experimentos sin gaseosa).

Como toda «trama» que se precie, esta también comienza con el inmemorial «alguien conoce a alguien». La investigación judicial así lo atestigua. Es Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, quien ante la falta de músculo empresarial y financiero para postularse como adjudicatario de los contratos del Ministerio de Transportes para la adquisición de material sanitario, acude a Juan Carlos Cueto, hombre fuerte del Grupo Cueto, con quien había hecho negocios en el pasado. En marcha ese «proyecto conjunto», necesitan un contacto en el ministerio de Ábalos. Ese es Koldo García, con el que Aldama ha coincidido por temas laborales al menos desde diciembre de 2018 y a quien recurre para «agilizar» trámites y, supuestamente, decantar la adjudicación de Puertos del Estado (donde en esas fechas, marzo de 2020, era miembro de su Consejo Rector) a favor de Soluciones de Gestión. Hasta el punto de que, según la Guardia Civil, la decisión ya está tomada. Veinte millones de euros y la primera piedra de la sucesión de contratos que vendrían después con ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias (Koldo era también consejero de Renfe Mercancías), la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad de Illa y los gobiernos autonómicos socialistas balear y canario de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ahora ministro Ángel Víctor Torres, respectivamente.

El rastro de la inversión de los beneficios

Son meses de frenéticos mails cruzados con proveedores e intermediarios, correos electrónicos apresurados donde alguno de sus contactos (en un mensaje incorporado al sumario que fue dirigido a Aldama el 8 de abril de 2020, doce días antes de la adjudicación de Interior a Soluciones de Gestión) hace votos para encontrar «un punto de colaboración en el fascinante mundo del Covid-19». Un sarcasmo que ensombrece ese pretendido afán de ayudar a los españoles en los meses más cruentos de la pandemia.

Es el súbito incremento patrimonial de Koldo García, con pisos en primera línea de playa en Benidorm (uno incluso a nombre de su hija de dos años) lo que hace saltar las alarmas. Como también el significativo aumento de ingresos en efectivo, que el exasesor de Ábalos duplica pero que su hermano (también empleado en el ministerio de Ábalos), mujer e hija multiplican por 22 el año de las controvertidas adjudicaciones.

El rastro de los beneficios, que la Fiscalía Anticorrupción calcula en una horquilla entre el 32 y el 35% (más de 16 millones de euros) conduce a la investigación hasta Luxemburgo y Brasil, y también apunta hacia Portugal, donde el juez Ismael Moreno sospecha que el supuesto «conseguidor», Víctor de Aldama, está intentando concentrar sus propiedades para vaciar su patrimonio y burlar así a Hacienda, con transferencia de más de un millón de euros a un banco luso incluida.

Ábalos no está imputado (aunque contrariamente a lo que apuntó sí figura repetidas veces en el sumario, en algún informe hasta en 29 ocasiones), pero el juez ya le sitúa en una resolución como uno de los «intermediarios» a los que habría recurrido Koldo. Con PP y Vox ya como acusaciones populares, al margen de lo que decida la Fiscalía Anticorrupción (que no ha pedido prisión para ninguno de los imputados que ha comparecido en la Audiencia Nacional) todo apunta a que, tarde o temprano, el instructor tendrá que decidir si le cita a declarar como investigado. Sobre todo si –tras constatar que se reunió en una marisquería con Koldo García el pasado enero en plena investigación– apuntala su sospecha de que pudo intervenir para intentar frenar la reclamación de tres millones de euros del Gobierno balear a la empresa de la «trama» por la entrega de mascarillas defectuosas.