La sede del Gobierno de Ayuso en Sol, ¿un Lugar de Memoria Democrática?

El próximo mes de julio hará siete años que la comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó –a propuesta de ERC y con los votos a favor de todos los grupos menos del PP– que la comisaría de policía de la Via Laietana de Barcelona se convierta en un museo de la memoria histórica. La proposición no de ley –y no vinculante– quedó en la pelota del Gobierno y del Ministerio del Interior, pero nada se ha hecho hasta la fecha para materializar una petición recurrente desde entonces por parte de los partidos independentistas catalanes.

Una solicitud similar, por el pasado de la Real Casa de Correos como sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y cárcel en el franquismo, fija ahora su objetivo en Madrid. Esta vez ha sido el grupo parlamentario del PSOE en la Cámara Baja el que ha registrado una petición para declarar el histórico edificio, actual sede del Gobierno de la Comunidad, un Lugar de Memoria Democrática y colocar en su fachada una placa para «recordar a personas detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas durante la dictadura franquista».

En esta iniciativa en formato de Proposición No de Ley (PNL), sin carácter vinculante, los socialistas apuntan que la antigua Casa de Correos, situada en la céntrica Puerta del Sol, funcionó como cárcel durante la dictadura de Francisco Franco, y este es el motivo principal en el que basan su objetivo.

El edificio, que solo en unas pocas décadas se dedicó a sede postal, fue Capitanía General, Gobierno Militar y Guardia de Prevención, para convertirse después en emplazamiento del Ministerio de la Gobernación. La época a la que apunta la PNL socialista abarca el tiempo en que esta ubicación fue elegida para albergar la Dirección General de Seguridad (DGS), de la Jefatura Superior de Policía y de la Dirección General de Policía.

La DGS, un organismo responsable de la política de orden público durante el franquismo, fue la directa responsable de detenciones y torturas como las ejecutadas por el inspector de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, conocido como «Billy el Niño». En el escrito se citan casos concretos como el de la tortura y muerte en 1953 del militante de UGT y del PSOE Tomás Centeno, y la reclusión y tortura diez años después del dirigente del Partido Comunista de España (PCE) Julián Grimau, quien fue condenado a muerte y fusilado. «Se ejerció la violencia institucionalizada sobre miles de personas que fueron detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas por el hecho de ser disidentes políticos y morales de la dictadura», destacan los socialistas en la exposición de motivos de su propuesta. Desde el PSOE apuntan que en la edificación «no hay señalización pública, símbolo de nada» que permita «conocer el pasado terrorífico del edificio».

Por ello, proponen incluir la Casa de Correos en el inventario de Lugares de Memoria Democrática y colocar una placa en la fachada principal para honrar a los hombres y mujeres allí detenidos «ilegalmente, personas maltratadas y torturadas» durante el franquismo por su «decisiva lucha por la libertad y la democracia de España».

El grupo parlamentario socialista también ha registrado otra iniciativa para incluir en el listado la tapia sur del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, en la capital, que «se convirtió en uno de los escenarios de la brutal represión» que ejerció la dictadura durante la posguerra, siendo uno de los lugares donde se ejecutaban los fusilamientos. Precisamente en este punto se encuentra la placa que recuerda a «las 13 rosas», convertidos la tapia y el suelo ante la inscripción en un memorial improvisado donde no faltan flores, coronas y mensajes renovados.

En el escrito, los representantes del PSOE señalan que los impactos de las balas están presentes en el muro sur del camposanto y arremeten contra el Ayuntamiento de Madrid, liderado por el popular José Luis Martínez-Almeida, que «ha preferido relegar» los nombres de las personas asesinadas por el franquismo «al silencio de lo ocurrido y al olvido social». «La política de eliminación y olvido hacia las víctimas de la dictadura franquista por parte del Partido Popular no es nueva», denuncia el PSOE.

En el antiguo Cementerio del Este, y por lo que atañe a una única y singular víctima, al otro lado del escenario puesto bajo la lupa en la propuesta del PSOE –en un lateral de la entrada principal que da a la Avenida de Daroca– puede verse –fácilmente reconocible por la reconstrucción que fotografió Martín Santos Yubero– el lugar donde se depositó el cadáver de José Calvo Sotelo, líder de la derecha asesinado por los ocupantes de la camioneta número 17 de la Guardia de Asalto. En el vehículo iba al menos media docena de militantes socialistas, a las órdenes de Fernando Condés, capitán de la Guardia Civil e instructor de La Motorizada (grupo socialista que servía de escolta a Indalecio Prieto). Y fue precisamente un guardaespaldas de Prieto, Luis Cuenca, quien acabó con el político de dos tiros en la nuca.

Para la presidenta se trata de una norma «falsa y sectaria»

Desde la Comunidad de Madrid no han querido pronunciarse por ahora ante una iniciativa cuyo recorrido es una incógnita aún, pero la opinión de Isabel Díaz Ayuso sobre la Ley de Memoria Democrática es conocida. «Es falsa, sectaria y autoritaria», ha dicho la presidenta madrileña sobre la norma aprobada por el Gobierno central. Ayuso pedirá al PP cuando tenga mayoría parlamentaria suficiente que derogue la «espantosa» ley. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene intención de hacerlo llegado el momento.

Los otros enclaves en la Comunidad: Cuelgamuros y el Panteón de España

En la actualidad hay otros dos enclaves en la Comunidad de Madrid que están reconocidos como lugares de Memoria Democrática: el Valle de Cuelgamuros, comúnmente conocido como Valle de los Caídos, y el Panteón de España.

El primero, construido en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), está considerado como el símbolo más importante del franquismo y es la mayor fosa común de España, con 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. Recientemente fueron exhumados los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y en 2019 los de Francisco Franco, y sigue vigente la recuperación de restos de 118 víctimas de la Guerra Civil, con trabajos forenses en activo. Además, queda por determinar la «resignificación» del lugar, según los planes del Gobierno de coalición, para lo que se convocará un concurso de ideas.

Respecto al Panteón de Hombres Ilustres, es un monumento funerario de Madrid, perteneciente a Patrimonio Nacional y construido entre 1892 y 1899, en el que reposan los restos de una docena de personajes ilustres de la historia política y militar española, como los expresidentes Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas y Eduardo Dato.

La ley cambia el nombre de este edificio por el de Panteón de España y lo reconoce como un lugar de memoria con el objetivo de mantener el recuerdo de los «representantes de la historia de la democracia española» y aquellas personas que hayan luchado a favor de la «convivencia democrática, la defensa de la paz y los derechos humanos, así como el progreso de la ciencia o la cultura».

En el resto de España destacan lugares relacionados con la Constitución de 1812, como el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, donde se firmó; la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo y de los Desagravios en San Fernando, donde juraron los cargos los diputados constituyentes de las Cortes de Cádiz; el Teatro Cómico de la Real Villa de León o Real Teatro de las Cortes o también en San Fernando, que acogió sesiones de las Cortes en 1810; el monumento a la constitución de Cádiz. También reconoce a personajes como el general Rafael Riego. Dos lugares que recuerdan a otro general, Torrijos, ambos en Málaga, también podrán ser declarados de memoria: el monumento a Torrijos y La Cruz de Torrijos. También el monumento a Mariana Pineda, en Granada. Y la Casa Palacio de Espartero, en Logroño. Completan la lista el antiguo Convento de San Hermenegildo, en Sevilla, que fue sede de las Cortes durante casi dos meses, y el monumento a los Mártires de la Libertad, en Almería.

El objetivo es «proteger y señalizar espacios» donde hubo hechos «de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos», según el Gobierno de Pedro Sánchez.