El Tribunal Constitucional no estudiará hasta el mes de septiembre la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por el ex presidente catalán Carles Puigdemont, incluida la medida cautelarísima que solicita para que se le levante la orden de detención, contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiarle la malversación del 'procés'.

Según ha expresado Europa Press, Puigdemont presentó la semana pasada su recurso de amparo contra las sucesivas decisiones del TS que rechazaron amnistiarle el delito de malversación por el que está procesado por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, al considerar que el alto tribunal hizo una interpretación extensiva de las excepciones que contempla la propia ley para su aplicación, denunciando una clara "resistencia judicial" a la norma.

En el recurso, solicitaba como medida cautelarísima --sin escuchar a las partes-- que se le levantara la orden de detención dictada por el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena, alegando que es "imprescindible" no solo "para garantizar la efectividad del recurso de amparo" sino porque "plantea una afectación inmediata y de imposible reparación del derecho fundamental a la libertad, con afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la UE, además del derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo y en funciones".

La resolución será la primera semana de septiembre

La admisión a trámite y las cautelarísimas solicitadas en los recursos de amparo presentados tanto por Puigdemont como por los ex consejeros Lluís Puig y Antoni Comín se han incorporado al orden del día del Pleno que celebrará el TC desde el martes, pero únicamente para acordar que sea el Pleno quien se ocupe de responder a las tres impugnaciones.

Las mismas fuentes precisa que será en el primer Pleno del mes de septiembre. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press ya indicaban que desde la sede de Domenico Scarlatti no se apreciaba ninguna urgencia para resolver sobre la petición de Puigdemont.

Al hilo, precisaban que las medidas cautelarísimas no se suelen conceder, "máxime en un asunto en el que la situación del recurrente no ha cambiado en nada desde hace años", como es el caso del ex presidente catalán, que permanece prófugo desde hace casi ocho años.