Un exmagistrado del Constitucional, sobre la salida de Sánchez: “Lo que pretende es estar el máximo tiempo ahí”

La noticia sobre el periodo de reflexión del presidente del Gobierno y la posible dimisión de Pedro Sánchezsorprendió ayer a cuatro juristas en un foro sobre la independencia judicial. Uno de ellos era el exmagistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, que no daba crédito a la información de última hora y reflexionó, sorprendido: “Pero si lo que pretende es estar el máximo tiempo ahí”, a la vez que se preguntaba “cómo van a ser estos cuatros días, con el coro...”, en alusión a los apoyos públicos que preveía que muchos manifestarían para que no se vaya.

“Va a ser tremendo”, dijo Ollero, con cierto sentido de la ironía, sobre los efectos que tendrá en los próximos días la carta de Pedro Sánchez. Por su parte, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño comentó sobre la posibilidad de que Sánchez dimita el lunes 29 de abril: “Ya veremos a ver...”.

Por su parte, el periodista José Antonio Zarzalejos, puso el acento en analizar si esta jugada se trata de una salida “teatral y dramática” propia de los “líderes carismáticos”, una suerte de "pirueta” para “regresar mucho más fuerte, dándole vuelta ala situación o si, realmente, ve poca salida”. Pero también aventuró la posibilidad de que tenga aspiraciones "de carácter internacional” en las que exista un pronto vencimiento, en alusión a la posibilidad de que undefined. Pero también señaló que “si todo esto es ficticio, se puede volver contra él”.

Estas reflexiones las realizaron ya casi al cierre de la jornada “Diálogos en la universidad: la independencia del Poder Judicial” que organiza la Universidad Villanueva, donde alertaron de los numerosos riesgos que hay para la actuación independiente de los jueces. Además de Ollero y de Gómez de Liaño acudieron el fiscal Javier Zaragoza y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías, con la moderación del periodista Cayetano González.

El fiscal Javier Zaragoza, que formó parte del juicio del “procés” fue muy claro al defender que “la Justicia no se dedica a perseguir a los políticos, no se dedica a judicializar temas para inmiscuirse en los asuntos de los políticos, sino para aplicar la ley” y señaló los hechos ocurridos en 2017 como el momento en el que se empezó a estigmatizar al Poder Judicial “que debe ser independiente por principio” y auqe su deber es “controlar al poder político”.

También planteó la necesidad de reforzar la independencia en la designación del fiscal general del Estadoya que, “en estos momentos, la propuesta es del Gobierno y la elección es del Rey”. Y puso el foco en la necesidad de “establecer mecanismos para garantizar una mayor independencia del Ministerio Público si se quiere dejar la investigación en manos del Ministerio Fiscal” porque "un fiscal no puede cumplir con los intereses del Gobierno”.

“Lo deseable sería que se profundizara en ese modelo constitucional, dejando de lado los comportamientos que le aproximan más al Poder Ejecutivo. Eso no está en el Estatuto fiscal” e insistió en que, como el fiscal general del Estado debe ser independiente, "no se puede elegir a alguien que no sea idóneo”.

Los mecanismos de equilibrio son indispensables, aseguró Zaragoza, para “evitar que la jerarquía sea una imposición a toda costa” porque sila figural del fiscal debe velar por la independencia de los jueces, “no podemos depender de alguien a quien el Poder Judicial controla”.

Renovación del CGPJ

El bloqueo a la renovación del CGPJ, según Zaragoza, es “responsabilidad de todos”, pero destacó que tanto la Comisión Europea como el grupo GRECO han recomendado la revisión del sistema de designación y dada la politización actual, los vocales magistrados deberían elegirse por los jueces. “Esto es muy habitual en otros países”.

ParaMacías, el riesgo es real para la independencia judicial, pero subrayó que “el problema no está en los jueces, el problema está en la injerencia política y en la voluntad de persistir en esa injerencia”, que también afecta a los fiscales, recordó. Y planteódos recomendaciones: que se renueve el CGPJ porque “ya toca”, pero con una reforma en el sistema de elección de sus integrantes; y quese aparte a la política del nombramiento de la Fiscalía Generaldel Estado.

Con contundencia,Javier Gómez de Liaño sentenció que “a la Justicia de hoy no la conoce ni su madre” y diagnosticó que el Poder Judicial que se encuentra en “delicado estado de salud”. Entre las “recetas” que enumeró para mejorar su situación están la necesidad de reafirmar que se trata de un poder del Estado, “no de los políticos” e “impedir que la Justicia sea entendida en clave política”, evitar injerencias en los partidos políticos en el órgano de gobierno de los juecesy la discrecionalidad con la que se nombra a un juez “como si fuera un director general”.

Además, afirmó que la figura del fiscal es independiente porque así lo ha querido la Constitución. “Un fiscal, empezando por el fiscal general del Estado, no puede ser de nadie”, recalcó, ni tampoco debe buscar “la impunidad para sus amigos”.

Para Andrés Ollero, el CGPJ “desde el punto de vista institucional, está en una situación lamentable” y lo atribuye a “la peor sentencia que ha hecho el Constitucional, a mi modo de ver” que, aunque reconoció que con el actual sistema de elección de vocales existía riesgo de injerencia política, lo aprobó porque en ese momento no estaban en condiciones de decir que esto no es constitucional. “¡Pues mire lo que ha pasado!”, exclamó. Y reiteró que “se ha mal interpretado la Constitución empezando por el Tribunal Constitucional”.

Asimismo, denunció el cambio de postura del PSOE al limitar la capacidad del consejo para realizar nombramientos y que ha dejado "al Tribunal Supremo con las vacantes que tiene”.

“Diputada de lengua viperina”

También destacó la necesidad de “proteger sin fisuras” al Tribunal Supremo y evitar vincularlo con el “lawfare” y dejar de atacarlo.

Sobre esto, Gómez de Liaño se expresó en duros términos de los ataques de los que han sido objeto los jueces en el Congreso de los Diputados tras los pactos de investidura firmados por PSOE con Junts y ERC. En este sentido, llamó a “sanear el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales y extirpar las descalificaciones personales” y calificó de “injusto exceso” los insultos y acusaciones vertidos por la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, a la que tildó de "diputada independentista y de lengua viperina”.

Para Ollero es un hecho que los políticos quieren influir y hacer peligrar al Poder Judicial, pero cree que esto no tendránlos resultados que esperan. “¿Que los jueces se van a dejar mandar? Yo creo que no” porque, aseguró, “a la hora de la verdad, un juez es un juez”.

Sobre la amnistía, en el foro se puso en valor la posible actuación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de que se presenten cuestiones prejudiciales y subrayaron los efectos suspensivos que tiene esta medida, que pueden plantear los jueces nacionales cuando tengan que resolver procedimientos del “procés” amnistiables.