Feijóo lanza a sus barones contra las cesiones económicas a Puigdemont

La sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que el PP ha convocado para el jueves en el Senado haciendo uso de su mayoría absoluta, es el primer paso dentro del frente común que ejecutarán los presidentes autonómicos populares –también mayoría en el reparto del poder territorial de las últimas elecciones– contra las cesiones económicas y financieras a Carles Puigdemont dentro de la negociación para investir a Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno. La estrategia acordada en Génova consiste en colectivizar la respuesta a un planteamiento que supone, según denuncian, «un ataque a la igualdad y al reparto equilibrado de recursos entre todos los españoles». Las desigualdades territoriales y romper el principio del «café para todos» movilizan más a la ciudadanía que la posible inconstitucionalidad o la indignidad de que se limpie el expediente penal y administrativo de los dirigentes independentistas que participaron en el levantamiento del 1-0, y este elemento no pasa por alto en los estrategas de la respuesta del PP a la negociación de Sánchez con los soberanistas.

Ya lo avanzó ayer la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, en una entrevista en este diario, y lo que se verá esta semana en el Senado, con un plante ya anunciado de los tres presidentes autonómicos que mantiene el PSOE después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, es el primer giro en el avance por un camino que, en el fondo, busca también activar la calle y levantar la protesta.

Ausente en el Senado estará también el presidente manchego, Emiliano García-Page, aunque ha alegado que tiene Pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha a esa misma hora. La justificación que ofrecen los socialistas para dar la espalda al debate en la Cámara Alta es que el PP esta utilizando su mayoría absoluta para agitar las divisiones dentro del PSOE. En público, sólo Page ha manifestado su oposición a lo que tienen entre manos en Moncloa, pero en lo que toca a inversiones y financiación, materias que todos ellos saben que también están en la negociación de la investidura, los dirigentes territoriales socialistas tendrán más problemas para mantenerse callados por el coste reputacional ante sus votantes. Moncloa confía en que lo hagan porque queda mucho para las siguientes elecciones, y para entonces ya habrán tenido tiempo, como dicen, de hacer que se olviden las cesiones económicas, que no sólo en el plano penal, a Puigdemont.

La agenda de la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas tiene como único punto debatir sobre la amnistía a los encausados en el «procés» catalán, objeto de la negociación a la investidura del candidato socialista. Pero el debate se abrirá a dejar un mensaje de aviso a Sánchez respecto a que su investidura no puede ser a costa de la igualdad de recursos para todos los españoles, con independencia de donde vivan y hablen la lengua que hablen.

Con la llave de la gobernabilidad en la mano, Puigdemont tiene dos vías de negociación, la de la amnistía, que va unida al reconocimiento del conflicto político y el compromiso de resolverlo con un referéndum pactado, y la que afecta a las cuestiones materiales, inversiones, financiación y competencias. La amnistía es la que está generando más interés político y mediático, pero el dinero es también clave para que pueda justificar ante los suyos el acuerdo, después de seis años que ha pasado instalado en el discurso de la confrontación total con el Estado.

Para la izquierda el principio de la igualdad, penal y en distribución de recursos y solidaridad, está en el frontispicio de sus esencias programáticas. Y por ese camino avanzarán los dirigentes territoriales del PP, utilizando para ello su poder autonómico, local, la presidencia de la Federación de Municipios y Provincias, y, por supuesto, la mayoría del Senado. En el Congreso, el Gobierno en funciones lleva cinco meses sin someterse a ningún tipo de control, por cierto, gracias al apoyo de sus socios.

Muchos de estos movimientos de oposición tendrán un valor puramente testimonial, pero en eso sí tiene razón Moncloa, colocarán a su exiguo poder territorial en una situación más que incómoda porque el desequilibrio del reparto del «pastel» a favor de Cataluña seguirá siendo un escándalo entre la ciudadanía difícil de apaciguar con el mantra de la convivencia.

Esta semana se intensificarán los contactos para cerrar el acuerdo de investidura. Por supuesto, todos los demás socios también quieren apuntarse su medalla, y esto obliga a los interlocutores de Sánchez a encontrar una fórmula que coordine incluso hasta cómo cada uno anuncia lo que le ha sacado al presidente en funciones. La amnistía no lo es todo, aunque sí sea lo más complejo de cerrar y de digerir para los socialistas.

Y mientras siguen las conversaciones bajo cuerda, fuera de la teatralización que Moncloa ha organizado en la escena pública para distraer la atención y rellenar la agenda, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero saldrá ya a jugar el balón, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero. Lleva semanas preparándose para partirse la cara en el debate público en favor de la amnistía, y colocarse, así, al frente del partido, como ya hizo en la última campaña de las elecciones generales. Hasta ahora no ha estado parado, sino moviéndose dentro de la organización socialista para atar lealtades a Sánchez y acallar voces críticas. En cuanto se conozca el texto del acuerdo firmado con Puigdemont, si llega a concretarse como se prevé, la atención se dirigirá a socialistas que siempre se han destacado por ser críticos con la política de Sánchez, pero que hasta ahora no han abierto la boca para ponerle un «pero» al modelo de gobierno al que están dando forma en Moncloa. Por ejemplo, la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz.