Feijóo buscará el apoyo de Europa contra la amnistía

El PP espera que sea el Tribunal Supremo (TS) el que plante cara a la futura ley de amnistía. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, confirmó ayer que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) una ley que suponga borrar, por necesidad política del PSOE, todos los delitos cometidos por los dirigentes independentistas durante el «procés». Pero este anuncio tiene bastante de obligado formalismo, puesto que en Génova dan por descontado que es un recurso que, de antemano, ya está previsiblemente perdido por las mayorías que hay en el Alto Tribunal (7-4).

Ni el Constitucional ni tampoco la calle son la solución, y lo ven de esta forma hasta en el comité de dirección popular. La manifestación de Barcelona de este pasado domingo congregó a miles de personas, pero no las suficientes como para sacar la conclusión de que pueda estar cocinándose una movilización extraordinaria de la sociedad civil contra esta medida de gracia. De esas que marcan la historia, como ya ocurrió en su día con el ¡Basta Ya! contra ETA. Los votantes socialistas no saldrán a la calle a protestar contra esta decisión, por más que las encuestas empiecen a reflejar ya el desconcierto y la desafección del votante de izquierdas más moderado con esta medida. Pero también es cierto que en Moncloa tienen miedo al 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, ante los abucheos que saben que le caerán a Sánchez en el desfile militar.

Así que, después del acto de este fin de semana, la dirección popular se queda a la espera de conocer el texto final del acuerdo entre Moncloa y el expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont antes de realizar cualquier nuevo movimiento, mientras que en el partido esperan que la cúpula se ponga ya en modo oposición y empiece a marcar las directrices de la apertura de una nueva etapa.

La entrevista de ayer entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y Feijóo terminó conforme al guion que ya estaba escrito previamente. Los dos líderes no tenían nada que hablar en materia de alianzas, pero tampoco cabe esperar novedades en el acuerdo pendiente entre los principales partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los apoyos de Sánchez, y la amnistía, hacen inviable el acercamiento.

Una vez que se conozca el texto del pacto de investidura, el PP verá si hay espacio para elevar su protesta a Bruselas, apoyándose en el Partido Popular Europeo y con el argumento de que entiende que se está vulnerando el principio de la división de poderes. Moncloa, sin embargo, incluye dentro de su campaña proamnistía el mensaje de que Europa ve con buenos ojos que se cierre la pagina del «procés» y se garantice la estabilidad.

Para acompañar su estrategia política en el PP confían en que el juez del Supremo Pablo Llarena, pendiente de solicitar la extradición de Puigdemont a Bélgica, opte por enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la amnistía, lo que paralizaría el proceso. Además, Llarena tiene a su alcance la posibilidad de presentar una cuestión de constitucionalidad al TC, lo que también podría dilatar la ejecución de la amnistía.

La interpretación judicial del acuerdo político es uno de los puntos más delicados de la negociación, porque no quieren que se repita lo que sucedió con la reforma de la malversación, que el Supremo leyó en un sentido que privó a los independentistas del beneficio que esperaban conseguir.

Desde el 23J, todos los focos han estado puestos en Puigdemont, pero el PNV también tiene su carta de exigencias. No le pueden poner una alfombra roja a Pedro Sánchez, y ya le han hecho llegar el mensaje de que no cuente con sus apoyos para sacar adelante propuestas económicas o ideológicas que formen parte de las exigencias de Sumar.

El PNV pasará a la oposición en esta legislatura, al margen de que pueda dar su «sí» a la investidura de Sánchez, y no le facilitará mayorías si no se ajustan estrictamente a sus intereses, porque las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina y los nacionalistas vascos necesitan la confrontación con el PSE y con el PSOE, sobre todo si la siglas socialistas van ligadas al programa de máximos de izquierdas de los partidos que integran Sumar.

Sánchez se ve esta mañana con el PNV, y su portavoz, Aitor Esteban, le planteará un reconocimiento nacional de Euskadi y evitar leyes centralistas.

Los cinco escaños del PNV son imprescindibles para que Sánchez repita como presidente y saque adelante sus leyes, y el partido de Iñigo Urkullu necesita hacerse notar en un mapa negociador en el que hasta ahora sólo está brillando el independentismo catalán.

También le exigirán que en el programa de la coalición no haya ningún tipo de leyes que suponga una agresión a los planteamientos programáticos del PNV, como ocurrió con la Ley del «solo sí es sí» o la Ley de Vivienda en la pasada legislatura.

En todo caso, si se forma un nuevo gobierno, la coalición no podrá sacar adelante ninguna ley si no pone de acuerdo a todo el bloque de investidura, la derecha nacionalista e independentista con la izquierda independentista y de Sumar.