La fiscal discrepa de la orden de inadmitir la querella de la pareja de Ayuso y fuerza la intervención de la Junta de Fiscales de Sala

La fiscal encargada de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella por revelación de secretos que presentó el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra los fiscales que le investigan por un presunto fraude fiscal no comparte la orden impartida por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que le impelió a rechazar la denuncia. Según confirman fuentes fiscales, la fiscal María de la O Silva ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico, que permite canalizar en el Ministerio Público la discrepancia con una orden o instrucción, para que sea la Junta de Fiscales de Sala la que se pronuncie sobre la querella. Y es que Silva entiende que deben llevarse a cabo diligencias de investigación antes de pronunciarse sobre la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La Junta de Fiscales de Sala, presidida por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, e integrada por 38 fiscales, es un órgano de asesoramiento técnico para aunar criterios y resolver posibles discrepancias. Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, se reunirá el próximo miércoles para dirimir esta disparidad de criterios, aunque García Ortiz no estará presente al haberse abstenido en este asunto. Otro de sus integrantes, José Luis Bueren, tampoco asistirá porque acaba de jubilarse.

Según el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, "el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe" y "si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola". Del mismo modo, precisa que si la orden procede del fiscal general del Estado "éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".

En el mismo sentido, establece que si el superior se ratifica en sus instrucciones "lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro fiscal" la resolución del asunto en cuestión.

Polémico comunicado

La "número dos" de la Fiscalía defiende que la querella debe inadmitirse en la misma línea que la denuncia que presentó contra los mismos fiscales por este asunto, también por revelación de secretos, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), aunque en este caso el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha incoado ya diligencias previas tras recibir la denuncia de la institución que preside Eugenio Ribón.

González Amador se querelló contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, a quienes atribuye un delito de revelación de secretos por revelar en un comunicado las negociaciones con su abogado para alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio de admitir el supuesto fraude fiscal de 350.000 euros que le atribuye en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, ejercicios en los que -según la acusación pública- el empresario habría utilizado una empresa fantasma para canalizar ingresos personales con condiciones más favorable que en el IRPF.

El 23 de noviembre de noviembre, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia de la Agencia Tributaria por posibles delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Según la versión del Ministerio Público, fue el abogado del empresario quien contactó por correo electrónico con la Fiscalía "para proponer un pacto", que suponía "reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal".

García Ortiz asumió la responsabilidad

La defensa de González Amador entiende que los dos fiscales denunciados incurrieron en un delito de revelación de secretos, pero el propio García Ortiz cerró filas hace unos días con los fiscales cuestionaros y asumió la responsabilidad última de esa nota pública.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, pidió su "inmediata" dimisión como "máximo responsable" de esa filtración de datos que considera están amparados por el deber de reserva, por lo que se habría vulnerado, "como mínimo, la ética que debe presidir" la actuación de los representantes del Ministerio Público. La asociación que preside Cristina Dexeus incidió en que esas "indeseadas filtraciones" han podido vulnerar el derecho de defensa y recordó que el deber de reserva no solo obliga a los abogados, sino también "e incluso con mayor motivo, al Ministerio Fiscal como garante que es de la legalidad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales".

También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) censuró la actuación de la fiscalía, que calificó de "ataque frontal a los derechos de las personas que están siendo investigadas", reprochando al Ministerio Fiscal haberse alejado de la "absoluta neutralidad" a la que está obligado, y más en un caso de especial relevancia política por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

González Amador está citado a declarar como investigado el próximo 20 de mayo en los juzgados de Plaza de Castilla.