La Fiscalía General del Estado ha alertado en su memoria anual de 2024 sobre la "preocupante insuficiencia" de centros específicos para menores con problemas de conducta en varias comunidades autónomas, entre las que destaca especialmente Castilla-La Mancha. El documento presentado por el fiscal general Álvaro García Ortiz señala que provincias como Toledo, Guadalajara y Cuenca carecen completamente de estos centros especializados, lo que genera graves problemas en la gestión de menores conflictivos.

Esta situación obliga a que menores con comportamientos disruptivos convivan con otros que se encuentran en fase de integración educativa, "dificultando considerablemente el trabajo con unos y otros", según advierte el Ministerio Público. La falta de plazas específicas para cada perfil de menor compromete seriamente los procesos de rehabilitación y reinserción, además de saturar los recursos existentes.

Consecuencias más allá de la rehabilitación

El informe fiscal también incluye otras observaciones relevantes, como el abuso en la invocación de vulneración de derechos fundamentales y las dificultades crecientes para la asistencia a juicio. Asimismo, destaca el incremento de la demanda relacionada con el complemento de maternidad y la brecha de género, aspectos que requieren una atención particular por parte de las administraciones públicas.

La memoria revela que la labor del Ministerio Público en Castilla-La Mancha concluyó en 2024 con un 60,66% de conformidades, de las cuales 1.238 fueron condenatorias y 396 absolutorias.