La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión incondicional de José Luis Ábalos tras la vistilla celebrada en el Tribunal Supremo (TS) para decidir sobre la modificación de las medidas cautelares que hasta ahora impiden al exministro de Pedro Sánchez salir de España (tuvo que entregar el pasaporte) y le obligan a comparecer cada 15 días en el juzgado. Sobre la mesa, la gravedad de los delitos que se le imputan y las elevadas penas a las que se enfrenta (24 años de prisión pide para él la Fiscalía y 30 la acusación popular).

Tras la petición del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón -que hasta ahora no había solicitado el ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE en sus cuatro comparecencias anteriores en el último año-, refrendada por las acusaciones populares (que ya adelantaron que instarían al instructor a acordar la privación de libertad), el juez Leopoldo Puente debe decidir al respecto.

Koldo, a la espera

También tendrá que hacerlo respecto a Koldo García, cuya citación retrasó a las 12:30 para que no coincidiese con la comparecencia en la Audiencia Nacional del empresario Víctor de Aldama, a la que también asiste la abogada del exasesor de Ábalos.

La comparecencia de Ábalos en el Supremo -donde ahora espera la decisión del instructor- se ha prolongado durante 45 minutos, durante los cuales Puente ha escuchado los argumentos a favor y en contra de la prisión del exministro. El ex "número 3" del PSOE llegó antes de las nueve y cuarto de la mañana (estaba citado a las diez) en un coche, solo y sin maleta (previsión que algunos investigados adoptan ante la posibilidad de terminar en prisión). Únicamente llevaba en la mano una pequeña mochila.

La acusación popular unificada reclama la prisión provisional tanto de Ábalos como de Koldo García ante los "indicios racionales de criminalidad" contra ambos por "graves delitos" y por la existencia de riesgo de fuga "ante la proximidad de una condena". Para la acción popular, la medida resulta "idónea, necesaria y proporcionada", puesto que otras medidas menos graves como la fianza o la retirada del pasaporte "no garantizan" que los dos investigados sigan a disposición de la Justicia.

Se enfrenta a una condena de 24 años de prisión

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción -que pide una condena de 24 años de prisión para el exministro y de 19 para quien fuera su asesor- imputa a ambos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que en connivencia con Koldo y Aldama, el entonces ministro acordó en el contexto de la pandemia la adquisición a través de Puertos del Estado y ADIF, organismos públicos dependientes de Transportes, la adquisición de sendas partidas de mascarillas a cambio de recibir "una indebida compensación económica" procedente de Aldama, "quien, a su vez, se benefició en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio" (se embolsó 3,7 millones de euros).

Además, según la Fiscalía, "prevaliéndose de su cargo de ministro de Fomento y de la consiguiente posición de superioridad jerárquica sobre el resto de autoridades y funcionarios de dicho ministerio", Ábalos habría ejercido, siempre a través de Koldo, "una presión moral eficiente sobre sus subordinados para promover la contratación" de su entonces pareja Jessica Rodríguez "en dos empresas dependientes de este ministerio". Del mismo modo, ambos también promovieron "la arbitraria contratación" de la ex miss Asturias Claudia Montes, "quien formaba parte del círculo personal del entonces secretario de Organización del PSOE", en este caso por Logirail.

"El jefe"

"Cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz", apunta Luzón en el escrito de acusación de la fiscalía. Así las cosas, Ábalos, "a quien tanto Koldo García como Víctor de Aldama consideraban el jefe, aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad" en el ministerio "y su directa influencia cuando era precisa, aprovechándose en lo demás de los oficios de su hombre de confianza, Koldo García".

Por su parte, Aldama "fue la persona que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia" sobre Koldo y Ábalos "garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio la adjudicación de determinados contratos". De manera que el comisionista "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García".