El Gobierno lleva a Ayuso al TC por vulnerar la Ley de Eutanasia

Después del choque institucional en la celebración del 2 de mayo, Gobierno y Comunidad de Madrid vuelven a enfrentarse, pero esta vez en un conflicto competencial. El Gobierno ha impugnado ante el Tribunal Constitucional una ley del Ejecutivo madrileño que regula el apoyo a las personas adultas con discapacidad, porque entiende que invade competencias del Estado y vulnera los derechos regulados en la Ley de Eutanasia.

Así lo ha anunciado hoy la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado también que la norma autonómica quedará suspendida provisionalmente, a expensas de lo que decida al respecto el alto tribunal. En la Puerta del Sol aseguran que la Comunidad de Madrid "en ningún caso" se mete en la ley estatal, y acusan al Gobierno de querer introducir el debate de la eutanasia en la campaña electoral de las elecciones del 28 de mayo. Fuentes gubernamentales aseguran que el procedimiento se inició el pasado 27 de abril y que por "una cuestión de plazos" han tenido que iniciar ahora los trámites, aunque hubieran "preferido" dejarlo para después del periodo electoral.

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han precisado que solo se requiere una autorización judicial para cualquier intervención médica "que ponga en riesgo la vida de una persona adulta con discapacidad", porque "así lo dictamina el Código Civil". Sin embargo, el Gobierno denuncia que la norma autonómica "realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica, se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica", según ha explicado la ministra portavoz, asegurando que afecta a una norma en vigor, como es la Ley de Eutanasia, "limitando los requisitos para acceder a los derechos que garantiza esta ley".

Además, Moncloa considera que "cabe una interpretación extensiva, según la cual la norma autonómica podría incidir en otros derechos, como intervenciones quirúrgicas, o transfusión de sangre... en definitiva se trata de un recurso en el que concurren requisitos formales y materiales para su impugnación en protección de las personas con discapacidad, para que no vean vulnerados sus derechos conforme a la normativa estatal vigente", ha asegurado Rodríguez.

El recurso se alza contra la disposición adicional segunda de la ley de la Comunidad de Madrid de 15 de febrero, que crea la agencia madrileña para el apoyo a las personas adultas con discapacidad. La ministra portavoz ha citado expresamente el artículo 161.2 de la Constitución, que literalmente señala que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas". "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo.

En el Gobierno explican que la norma de la Comunidad de Madrid añade un nuevo procedimiento de jurisdicción voluntaria en la solicitud de autorización judicial para tomar medidas que afecten al derecho a la vida de una persona con discapacidad. Además, la norma invade, ha argumentado Rodríguez, "el ámbito regulatorio del Estado en cuanto a la coordinación general de la Sanidad" y también "rompe la reserva a Ley Orgánica para este tipo de materias".