En España hay alrededor de 6.000 símbolos del franquismo, desde escudos, relieves o placas hasta nombres de calles, pueblos, monumentos y lápidas, sobre todo estas últimas, frente al argumento de las derechas de que retirar esta simbología es borrar la historia y el patrimonio.

En cuanto a número, las placas en viviendas son, con diferencia, el mayor resto de aquellos tiempos. Nada menos que 4.295 placas metálicas con el yugo y las flechas -símbolo de la Falange- que permanecen en las fachadas de las viviendas de protección oficial construidas durante la dictadura. Así consta en el recuento que llevó a cabo la Fundación Jesús Pereda de CC OO en un mapa donde constan además 577 calles con nombres relacionados con el franquismo, además de lápidas, cruces y monumentos que honran la victoria en la Guerra Civil o a instituciones e iconos de la época franquista.

Estos restos fueron geolocalizados en una web, Deberíadesaparecer.com, donde consta que la gran mayoría (más de 600) conmemoran personajes y hechos del golpe de 1936. Casi todas están dedicadas a generales sublevados, pero hay una población, San Pedro del Pinatar (Murcia) con más número de calles franquistas de toda España, un total de 11.

Cuelgamuros

El equipo de esta web ha contabilizado 10 monumentos que superan los 20 metros de altura, como el propio Valle delos Caídos o el Monumento a los Caídos en Pamplona; y emblemas que se encuentran fuera de España, como el águila del régimen que luce en el dintel de la puerta 43 de la calle Corso del Rinascimento en la Plaza Navona de Roma, o los emblemas de Ciudad de Guatemala y de Malabo (Guinea).

En este escenario, y como impone la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno llevará antes de que acabe el mes de noviembre al Boletín Oficial del Estado (BOE) el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la norma, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Torres hizo este anuncio en respuesta en el pleno del Senado a una pregunta de la representante de Más Madrid Carla Antonelli sobre los plazos previstos para aprobar el real decreto que regula el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que ha recordado que viene obligado por la Ley de Memoria Democrática.

En su respuesta, el ministro ha garantizado que "la voluntad del Gobierno es absoluta" y ha recordado que ya se ha declarado de emergencia ese catálogo, se ha informado a las comunidades autónomas y se ha llevado a información pública.

Además, ha incidido, precisa de dos últimos informes de los ministerios de Cultura y de Transformación Digital, para lo que debe ir al Consejo de Estado.

El titular de Memoria Democrática ha querido hacer una reflexión: "No se puede entender que en ninguna democracia sana haya quien quiera mantener vestigios del franquismo y del totalitarismo. Es absolutamente contrario a lo que es la libertad y la democracia".

Previamente, la senadora de Más Madrid ha indicado que el Gobierno se comprometió a crear un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, aunque la derecha, ha subrayado, está "interesada en mantener esa simbología y de esta forma darle martillazo limpio a la democracia".

Por eso considera que "es urgente el esfuerzo necesario para contrarrestar" la "ola antidemocrática absolutamente irresponsable" que a su juicio "ridiculiza los avances necesarios en derecho", y por eso ha pedido al Gobierno que se ponga de acuerdo con "todas las sensibilidades de víctimas y asociaciones de víctimas" para "blindar la memoria democrática".

Tanto la Ley de Memoria Histórica de 2007 como la Ley de Memoria Democrática de 2022 instan a la retirada de vestigios franquistas. La primera hacía un requerimiento expreso a las comunidades autónomas para que elaborasen catálogos, pero muchas de ellas siguen sin hacerlo. Las más implicadas hasta el momento han sido La Rioja, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco, y sobre todo Cataluña donde muchos ayuntamientos han retirado estos símbolos incluso sin ley que lo exigiera.

En Canarias, el Gobierno del PP revocó el catálogo de vestigios franquistas de las islas impulsado por el Ejecutivo liderado entonces por Ángel Víctor Torres (PSOE).