Los alcaldes socialistas empiezan a moverse poco a poco. Están completamente solos porque ya no les queda ni el apoyo de dirigentes autonómicos que en 2023 no habían pasado todavía por el cadalso del «sanchismo». Pedro Sánchez controla todo el aparato socialista en un marco en el que el poder territorial de su partido quedó completamente desmantelado en las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

En el PSOE asisten con preocupación creciente, y en alerta, a la estrategia de supervivencia política que están ejecutando desde Moncloa para hacer frente a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y a los casos de corrupción. No es casualidad que, después de una semana negra en los tribunales –informe Cerdán, la petición de 24 años de cárcel para Ábalos por parte de Anticorrupción y la condena al fiscal general del Estado–, Sánchez y sus portavoces hayan puesto en marcha la máquina de triturar al Poder Judicial. «Golpe letal», golpismo judicial»... Una ofensiva que sube varios grados lo que se ha visto hasta ahora, con el riesgo de terminar de dinamitar los cimientos de convivencia democrática, de alentar deliberadamente el enfrentamiento entre instituciones y de sembrar en la ciudadanía la semilla de la desconfianza. No es un discurso nuevo, pero sí crecido en decibelios.

Esto preocupa en el PSOE, pero Sánchez puede hacer lo que le dé la gana porque ya no tiene partido. El ejército de ministros, que ha mandado a encabezar la oposición en varias comunidades autónomas, no tiene más proyecto que conseguir que sus competidores del PP tengan que formar gobierno con ayuda de Vox, pero no tanto porque estén pensando en sus intereses políticos, sino porque es el encargo que han recibido del presidente del Gobierno.

Con la excepción del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y voces como la del expresidente del Gobierno Felipe González, el PSOE es un partido muerto.

Los alcaldes han visto la jugada, e intentan anticiparse a otra debacle territorial sin la baza de las cartas que esconde en la manga el líder socialista. «No funcionan ni como ministros ni como candidatos», se escucha decir, internamente, con el dedo apuntando a María Jesús Montero, a Óscar López, a Ángel Víctor Torres o a Pilar Alegría.

En el PSOE no hay capacidad de revuelta porque el partido ha sido desmantelado para sostener al secretario general. La operación es la misma que aspiran a repetir ahora de nuevo para que, a costa de los territorios, y de que crezca la extrema derecha, Sánchez pueda movilizarse con más fuerza cuando lleguen las elecciones generales y, de esta forma, tenga margen para mantenerse en la Secretaría General del partido.

La consigna para la campaña que se viene no tiene más objetivo que el de multiplicar la crispación y el enfrentamiento guerra civilista entre bloques. La decisión de Sánchez de tapar a sus candidatos, para actuar él de alter ego de los dirigentes del PP, también siembra dudas dentro del partido porque, según sus cálculos, que coinciden con el análisis que hacen en algunas organizaciones federales socialistas, sólo sirve para reforzar aún más a los candidatos del PP. Es decir, vuelve ese debate sobre que Sánchez no es un candidato que les sume y que debería hacerse a un lado en un proceso electoral en el que el PSOE se juega buena parte de su razón de ser.

«No hay mecanismo para librarse de él. Hay una mayoría silenciosa que observa con grave preocupación lo que está sucediendo, y que ve a Sánchez como el principal lastre electoral del PSOE, pero que no tiene ningún instrumento a su alcance para actuar». Extremadura será el primer examen y la primera constatación de que Sánchez no está en una operación para recuperar gobiernos autonómicos, ni siquiera uno como este en el que el PSOE siempre ha ostentado una posición hegemónica. «Tenemos a un secretario general que parece que actúa pensando que los barones son siempre un problema. Mejor no tener poder que tener barones».

Presentar como candidato a Miguel Ángel Gallardo es la constatación de que el PSOE no trabaja para conseguir recuperar esa comunidad autónoma. En Moncloa aprieta mucho más poner sordina a los casos de corrupción que están en los juzgados y, sobre todo, convertirlos en un arma de movilización de la izquierda a costa de llenar de fango a los máximos representantes del Poder Judicial español.