La Guardia Civil señala a Otegi por el asesinato de un empresario en 1980

La Guardia Civil señala en un informe remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la supuesta responsabilidad de Arnaldo Otegi en el asesinato del directivo de Michelín Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria. En ese informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los agentes responsabilizan al líder de EH Bildu y a otras cuatro personas que habrían participado en el secuestro de Luis Abaitua –que permaneció retenido entre el 19 de febrero y el 1 de marzo de 1979– de forzar al empresario a facilitarles información sobre Hergueta durante los diez días que duró su cautiverio. Otegi fue condenado a seis años de prisión por este secuestro. La Fiscalía no llegó a remitir al juez ese informe y archivó las diligencias.

Para la Guardia Civil «no ofrece duda» (la propia ETA político-militar así lo reconoció en un comunicado) que durante su secuestro Abaitua «fue interrogado en varias ocasiones y forzado por sus captores» a facilitarles información sobre Michelín y su situación económica y laboral «con el fin de utilizarla contra la empresa en el conflicto laboral que sufría». Del mismo modo, «fue forzado» a facilitar información sobre el personal directivo de la empresa, sobre todo el relacionado con las áreas de Personal y Seguridad «con la finalidad de seleccionar a los objetivos más sensibles sobre los que atentar en el futuro», en el caso de que la dirección de Michelín «no se plegara a las reivindicaciones de los trabajadores», como finalmente sucedió.

El Instituto Armado expone que, además del líder de EH Bildu, las personas que intervinieron en la obtención de la información y en «su traslado a las estructuras directivas de ETApm en Francia» fueron Ignacio Elorriaga, Luis María Alcorta, Rosa Dina Martínez Goicoechea y María Icíar Esnaola.

Durante el tiempo que duró el secuestro, los dos hombres que le custodiaban al empresario y se encargaron de interrogarlo utilizaron los cuestionarios que «desde el exterior (con toda probabilidad la dirección de ETA pm) les hicieron llegar con la batería de preguntas que debían hacerle». De hecho, en abril de 1979 se incautó a un etarra en un caserío de Berango (Vizcaya) el «test realizado al señor Abaitua durante su cautiverio», un cuestionario dividido en tres bloques de preguntas en diez hojas en parte manuscritas y en parte mecanografiadas (se utilizaron tres máquinas de escribir y se identificó la letra de al menos tres personas diferentes).

Las respuestas del secuestrado fueron grabadas en cintas magnetofónicas que no han podido ser recuperadas hasta el momento.

Los agentes señalan en ese informe que hasta el momento no ha sido posible determinar «quiénes habrían sido los que interrogaron al secuestrado», aunque señala los cinco como responsables de la «obtención de información y traslado de la misma a las estructuras directivas» de ETA político-militar en Francia. El informe detalla que tanto Otegi como Alcorta «fueron enviados desde Francia expresamente» por la dirección etarra para llevar a cabo el secuestro del empresario.

El informe del Instituto Armado, de 21 de diciembre de 2023, fue remitido el pasado enero a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, apenas un mes después de que Otegi descartase encabezar la candidatura de EH Bildu a las elecciones vascas.

La Fiscalía lo archiva

Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional no remitió ese informe al magistrado Santiago Pedraz, que investiga a «Josu Ternera» por el asesinato de Hergueta. Según asegura en un comunicado, esas diligencias de investigación «fueron archivadas» porque del contenido del informe, de carácter reservado, «no se ha podido determinar personas concretas que participaran en la autoría material del atentado». Además, subraya, los hechos «estarían prescritos, dada la fecha de su comisión», hace casi 44 años.

Otegi fue condenado a seis años de prisión por el secuestro, el 19 de febrero de 1979, de Luis Abaitua, al que ETA p-m retuvo durante diez días en un zulo. Además, le condenó a pagar una indemnización de 100.000 pesetas (6.000 euros) de manera solidaria con el otro condenado.

Dignidad y Justicia denuncia en un comunicado que la Fiscalía «ocultó» al juez ese informe y rebate sus argumentos para hacerlo porque el Ministerio Público «no tiene potestad para determinar lo que está prescrito o lo que no, ya que solo el juez puede tomar esta decisión». La asociación que preside Daniel Portero recuerda que el Parlamento Europeo ha recomendado recientemente, tras su denuncia sobre los 379 asesinatos de ETA sin resolver, que «la Fiscalía debe llevar todas las investigaciones a término antes de posicionarse sobre la prescripción».

La Audiencia Nacional llegó a imputar por el asesinato de Hergueta a «Josu Ternera», pero en mayo de 2021 el juez Santiago Pedraz, con el apoyo de la Fiscalía, anuló el procesamiento argumentando que el exdirigente etarra no militó en ETA p-m, autora del atentado contra el directivo de Michelín.