Pedro Sánchez está coqueteando con posiciones poco democráticas desde que llegó al poder. La modificación ad hoc del Código Penal, por la que se eliminaba el delito de sedición, era de dudoso talante democrático porque no respondía a una reflexión jurídico-política, sino a la conveniencia de hacerlo al dictado de los independentistas catalanes para conseguir sus votos, sin los cuales no hubiera sido presidente del gobierno.

Es asumido por la sociedad española que, si no hubiese sido necesario el apoyo independentista ni se hubiera modificado la ley ni se hubiesen producido los indultos ni tampoco se hubiera aprobado la ley de amnistía. Es decir, que la motivación que mueve a Sánchez no es ni normalizar la vida política catalana, como se afirma desde el Ejecutivo y la dirección del PSOE, ni actualizar la legislación a tiempos actuales: sencillamente son movimientos necesarios para tener el poder.

Más peligrosa ha sido la actitud que ha tenido la plana mayor socialista ante el proceso judicial sobre el fiscal general del Estado y la sentencia que ha recibido. La defensa a ultranza desde su imputación no ha sido entendible en un Estado de Derecho en el que, además de las responsabilidades judiciales, están las de tipo político, resultando inédito que una vez abierta la instrucción se mantuviese en el cargo.

Fuera de la normalidad estuvieron, también, las declaraciones del líder socialista el fin de semana pasado, cuando aseguró que, a la vista del proceso, quedaba claro que el fiscal general era inocente. En ese intento de influir en la decisión del Tribunal Supremo se vio acompañado de algunos medios de comunicación, que se pusieron a disposición para colaborar en esa campaña.

Pero lo que ha terminado de violentar el normal funcionamiento del sistema han sido las afirmaciones de la dirección socialista y del propio Sánchez a raíz de conocerse el veredicto judicial de culpabilidad. Poner en cuestión al poder judicial e instar a defender la “soberanía popular” frente a la “desinformación” y los “abusos” de quienes quieren “tutelarla”, como ha declarado el presidente, tiene una gravedad y una profundidad enormes.

Desacreditar una investigación judicial y, por tanto, cuestionar a lo jueces, es romper con la separación de poderes, pero también es cortar con el cordón umbilical del republicanismo cívico que defiende el imperio de la ley.

La proclama de que nada debe estar por encima del pueblo, por cierto, proclama del 15 M, es dar al traste con el sometimiento a las leyes de todos por igual. Sánchez se ha convertido en un populista de libro desdibujando y erosionando a las instituciones de control judicial, desacreditando al poder legislativo, a las empresas y a los medios de comunicación que no replican el ideario escrito desde la Moncloa.

Para defender su posición personal en los casos de presunta corrupción que le afectan familiarmente, Sánchez ha optado por atacar a los jueces. Si desprestigia las decisiones judiciales, tachándolas de estar en connivencia con la derecha política, desaparece la necesidad de asumir responsabilidades políticas, y en eso está.

García Ortiz se ha dejado utilizar por Sánchez y ha quemado su prestigio profesional. Lo que ha quedado patente no es una conspiración desde la derecha para acabar con el gobierno, sino la connivencia entre una alta institución del Estado, como la fiscalía, con la presidencia de gobierno para atacar a rivales políticos de Sánchez.

El primero en darse cuenta de que la operación era constitutiva de delito fue Juan Lobato. No cabe en lógica alguna que un responsable político de primer nivel lleve al notario unas comunicaciones electrónicas de sus compañeros de partido, si no fuese porque le pareció evidente que se estaba utilizando una información de manera ilícita por su procedencia. Ni Sánchez ni la dirección socialista han aclarado el episodio de Lobato lo suficientemente. En ese caso, si hubo fueron responsabilidades políticas, pero no de los filtradores, sino del ex secretario general madrileño que fue relevado en su cargo en favor de Óscar López, persona de confianza de Sánchez, al menos en este momento.

Si no hubiese habido filtración ilegal, Lobato no hubiese actuado como lo hizo, si no hubiese habido una operación concertada desde la Moncloa con García Ortiz, no hubiese sido apartado el madrileño. Sánchez ha establecido un clima "guerracivilista" en el que exige defenderle a él por encima de todo, envuelto en un bloque presuntamente de izquierda. El respeto a las normas y las leyes no es una línea roja infranqueable.

Muchos militantes socialistas han sido seducidos por la llamada a la cruzada contra Vox, pero no se trata ni de Vox, ni del PP, se trata de que el PSOE no puede convertirse en un partido que no respeta el sistema democrático ni los principios que inspiran la Constitución de 1978. Sin embargo, todo eso es lo que ha ocurrido desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Hace tiempo que el PSOE se vació de socialdemocracia para llenarse de Podemos y 15 M.