Tribunales

Hazte Oír denuncia a Sánchez y dos ministros con un informe sobre las omisiones en la DANA

Entrega al Tribunal Supremo una comparativa técnica de cómo se actuó desde el Gobierno y militarmente en el terremoto de Lorca de 2011

Un abogado valenciano lleva al Supremo la "clara inactividad" de Sánchez y Grande-Marlaska ante la DANA
Un abogado valenciano lleva al Supremo la "clara inactividad" de Sánchez y Grande-Marlaska ante la DANAEuropa Press

Hazte Oír ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo en la que acusa a pesos pesados del Gobierno –el presidente Pedro Sánchez y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa)– de graves delitos como homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación por su gestión de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Entregan como prueba al alto tribunal un informe de una veintena de páginas en el que un exmilitar, Rubén Pulido, realiza una comparativa de cómo se procedió a nivel gubernamental y militar, con especial incidencia en el operativo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con la gota fría que dejó más de 200 muertos y por la que aún hay desaparecidos, frente al terremoto que movió el suelo de la localidad murciana de Lorca en 2011 con una fuerza de una magnitud de 5,1, que arrebató la vida a nueve personas.

Las conclusiones, en las que se apoyan para pedir al Supremo que investigue al jefe del Ejecutivo y dos de sus ministros con competencias en una emergencia, se señala que mientras que en 2011 «la coordinación fue fluida», con la DANA hubo «fallos significativos en la interacción entre el Gobierno central y las comunidades».

También que la comunicación de las autoridades con la población el pasado 29 de noviembre experimentó «problemas con la transmisión de información vital» a la ciudadanía» y hace 13 años se uso tecnología «avanzada de manera eficiente», cuando ante esta mortal gota fría «las demoras» habrían «aumentado el número de fallecidos».

A partir de este documento, esta asociación ve preciso que la Justicia indague en las «potenciales negligencias» que se produjeron con el fin de «determinar las responsabilidades» de la alta cifra de muertos y la destrucción material en estructuras vitales que se generó. «La politización de emergencias puede ser perjudicial y necesita ser evitada», sentencian.