El ICAM insta al juez a pedir al Supremo que investigue a García Ortiz por la filtración sobre el novio de Ayuso

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado al magistrado Francisco José Goyena que inste al Tribunal Supremo (TS) a investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por la publicación del comunicado sobre las negociaciones con la defensa del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, para llegar a un acuerdo de conformidad a cambio de que admitiese el fraude fiscal de 350.000 euros que se le imputa.

La decisión de la institución que preside Eugenio Ribón ha dado el paso después de que tanto los dos investigados tras la querella de González Amador -la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, como el fiscal de delitos económicos Julián Salto- como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ratificaran ante el juez lo que el propio García Ortiz ya había admitido por escrito al instructor: que fue él quien dio la orden de que se publicara la polémica nota, según dijo para hacer frente a los "bulos" publicados en medios digitales sobre su negativa a llegar a un acuerdo con la defensa de la pareja de Ayuso.

Según ha confirmado el ICAM, la petición se produce "tras evaluar la información que se deriva de las actuaciones de la fase de instrucción" y "teniendo en cuenta" que, por su condición de fiscal general del Estado, García Ortiz solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. Lo que obliga al juez, en caso de dar por acreditados los indicios contra él, a dejar la causa en manos del alto tribunal elevando exposición razonada al Supremo con la relación de indicios recabados durante la instrucción para que sea aquel el que, una vez valorados, decida si procede abrir diligencias penales contra el máximo representante del Ministerio Público.

Una vez practicadas "las diligencias esenciales" por parte del magistrado, "incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados", el ICAM aprecia "indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado".

El Colegio de la Abogacía de Madrid recuerda que en la polémica nota "se revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación", conversaciones que -subraya- tuvieron lugar "en el contexto de los acercamientos propios para el estudio de una eventual conformidad" que se plasmaría, como suele ser habitual, en una rebaja en la petición de condena a cambio del reconocimiento del fraude fiscal y el pago de una multa para reparar el daño causado.

Para el ICA, la divulgación del comunicado es "una grave una violación de la confidencialidad y el secreto profesional, principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, al aludir directamente al contenido de las conversaciones habidas y el reconocimiento de hechos, lo que no debería salir nunca a la luz pública, pues de lo contrario se compromete de forma severa el derecho de defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso justo".

Ayer mismo, los dos fiscales investigados aseguraron al juez que cumplieron órdenes del fiscal general al publicar la nota. En la misma línea, el pasado día 13 la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ratificó en su declaración que fue García Ortiz quien le dio la orden de que se publicara ese comunicado, y aportó incluso un wasap para corroborar esa afirmación. Según explicó, ella trasladó al máximo representante del Ministerio Público que coincidía con él en que era necesario desmentir las informaciones que apuntaban que había ordenado que la Fiscalía no pactara con la defensa de González Amador, pero que discrepaba en que se hiciera publicando un comunicado que desvelase las conversaciones reservadas con el abogado del empresario. Según las fuentes consultadas, el fiscal general le habría replicado que "estaba consensuada" con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y que la nota tenía que "salir ya", por lo que finalmente se terminó difundiendo.

García Ortiz asumió por escrito que fue él quien dio "instrucciones expresas y directas" para que se publicara el polémico comunicado, que según dijo "no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas", por lo que asumía ser "el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir" esa nota.

Pero según defendió, actuó legalmente porque su objetivo era "desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal". García Ortiz insistió en que no se revelaron datos desconocidos porque ya se había publicado el intercambio de correos electrónicos entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso. Y apremió al juez Goyena a investigar al entorno del empresario, a quien señala por la filtración de esos correos.