Los graves fallos con las pulseras antimaltrato adquiridas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero han provocado situaciones de tensión en los juzgados de España. Como advirtió la Fiscalía General del Estado, la pérdida de información clave de los investigados con el cambio de empresa prestadora del servicio, propició "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones. Con todo, en otros casos los problemas vinieron derivados de la mala calidad de los dispositivos que el Gobierno adquirió en 2023 y que se tradujo en complicaciones en procedimientos penales abiertos.

Así por ejemplo, constan dos casos recientes ocurridos en Andalucía y de los que ha tenido conocimiento LA RAZÓN. El primero de ellos se produjo a principios de verano. El sistema Cometa -que es el que se ocupa del seguimiento de las llamadas por las pulseras- detectó que el presunto maltratador había dejado de portar el transmisor de radiofrecuencia que llevaba ajustado al tobillo. Siguiendo con el protocolo establecido, se alertó al juzgado que el dispositivo (que se conecta por bluetooth a un teléfono móvil) no daba señal.

En ese momento el juzgado acordó la búsqueda y captura del investigado para evitar el quebrantamiento de la orden de alejamiento acordada. Sin embargo, la detención se produjo varias semanas después de ocurrir los hechos. Al ser preguntado en sede judicial cómo pudo quitarse el dispositivo, el investigado respondió que no tuvo ningún problema y que lo hizo porque quería irse a la playa y el aparato le molestaba. El juez instructor del caso acordó prisión provisional para él.

Detenido cerca de la casa de su víctima

El segundo caso es el de un investigado también por presunto maltrato que apareció a escasos metros de la vivienda de su víctima. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuaron de inmediato y le detuvieron. El problema reside en que la geolocalización del dispositivo le situaba a dos kilómetros del lugar. Precisamente, los fallos en la ubicación del investigado han sido quizás el principal de los defectos encontrados a los nuevos dispositivos antimaltrato. El otro ha sido la facilidad con la que los presuntos agresores se lo pueden quitar.

De todo ello han advertido los togados especializados en Violencia Sobre la Mujer tanto en informes que recabó el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ; ente desde el cual se notificaron los fallos al Ministerio de Igualdad. Su actual titular, Ana Redondo, ha negado que se le informara de todas estas taras desde el Poder Judicial, pero los jueces desmienten esa versión y aseguran que incluso estaban al tanto del problema la Policía Nacional y la Fiscalía.

De hecho, la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado se hace eco de los problemas remitidos por fiscalías provinciales con este asunto. En concreto, de la pérdida de información relativa al quebrantamiento de órdenes de alejamiento con motivo del cambio de empresas prestadoras del servicio. En octubre de 2023, el Ministerio que entonces lideraba Irene Montero sacó a concurso la licitación del servicio, que desde su entrada en vigor en 2009 había recaído en Movistar. La licitación, de 50 millones de euros y costeada con fondos europeos, la ganó finalmente la UTE formada por Vodafone y Securitas.

Casos en 2025

Pero en el proceso de migración de información se perdieron datos clave hasta marzo de 2024. Ello propició numerosos archivos y absoluciones, en los casos que estaban ya en fase de juicio oral, porque se había perdido la prueba clave. Con todo, a ese problema se añadió el cambio de suministros. El Gobierno rescindió el contrato con la empresa israelí a la que le alquilaba los aparatos, y decidió comprarlos de primera mano. Los jueces consultados por este medio constatan que son de peor calidad y que han dado múltiples fallos llegando a saltar la alarma cuando no procedía.

No obstante, se lanza un mensaje de tranquilidad a las víctimas. Las pulseras antimaltrato son una medida más en la lucha contra la violencia machista, pero no la única. Ante la duda sobre su efectividad los jueces están optando por acordar la prisión provisional en los casos que así lo requieren. Por ese motivo, insisten en que no se puede crear alarma social con este asunto y reiteran que las víctimas "no están desprotegidas".

Del mismo modo, el Gobierno asegura que el problema relativo a la migración quedó resuelto a finales de 2024 y que en 2025 no ha habido incidencias. Los jueces dicen que con este alegato se oculta el verdadero problema que no es tanto el asunto de la pérdida de datos con la migración (ya solucionado) como el fallo que todavía se sigue produciendo con los dispositivos adquiridos por el departamento de Irene Montero. De hecho, los ejemplos arriba citado son ambos de este mismo año.