La jefa de Personal investigada por la contratación de David Sánchez sugiere que está imputada por ser del PSOE

A solo unas horas de que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, acuda mañana de nuevo a declarar como investigado en los juzgados de Badajoz, la jefa de Recursos Humanos de la Diputación -imputada por su contratación en 2017 como coordinador de conservatorios y por la posterior conversión de esa plaza en la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas- ha pedido a la juez Beatriz Biedma que archive el procedimiento contra ella.

Juana Cinta formó parte de la comisión técnica que elaboró la Relación de Puestos de Trabajo que incluyo el de nueva creación que acabó adjudicándose a David Sánchez, como también de la Mesa de Negociación, y emitió un informe de legalidad de la modificación del puesto en 2022, presidiendo además esa comisión técnica de esa nueva relación de puestos de trabajo de la institución. Pero según su defensa, su intervención en esos procedimientos bajo sospecha fue "inocua" e "irrelevante" a efectos penales porque -subraya- "no existe la más mínima prueba o indicio" de que "conociera o pudiera siquiera mínimamente haber sospechado" que con ellos se pudiera incurrir en una "ilegalidad o arbitrariedad".

El letrado niega que la jefa de Personal -quien según la magistrada consintió en dar "apariencia de legalidad" al nombramiento de Sánchez y a la acomodación posterior del puesto a sus preferencias personales- "supiera o siquiera sospechara que el puesto se estaba creando para su posterior adjudicación" a David Sánchez, algo de lo que asegura no insiste indicio alguno, como tampoco de que supiera que la plaza se estuviera modificando "para adaptarla a sus preferencias personales", como mantiene Biedma.

El "elemento diferenciador", su afiliación socialista

Su defensa se pregunta incluso por qué "es la única funcionaria del área de Recursos Humanos que está investigada". "Se podría llegar a pensar", afirma incluso, que el "elemento diferenciador" de Cinta -miembro de la Ejecutiva del PSOE de Extremadura, donde está al frente del área de asesoramiento y formación a militantes y cargos electos- es "su afiliación o compromiso público con las siglas de un determinado partido político".

Sin embargo, tras esparcir esa sospecha, modera el alcance de sus palabras con elogios a Biedma: "Esto nos resistimos siquiera a poderlo pensar conociendo la alta profesionalidad e imparcialidad de este digno órgano instructor".

Biedma cree que hay indicios suficientes que demuestran que el puesto de alta dirección de coordinador de los conservatorios se creó ad hoc para el hermano de Pedro Sánchez y que este se adaptó después a sus preferencias, pretendiendo dar apariencia de legalidad a una "realidad clamorosa", que cuando se le nombró jefe de la Oficina de Artes Escénicas "ya no realizaba ninguna de las funciones contenidas en su contrato".

A la juez le llama la atención que cuando se modificó la nomenclatura de su puesto la ficha no incluyó la descripción de sus nuevas funciones (a diferencia de lo que sucedió en octubre de 2022 con las otras 59 modificaciones de la relación de puestos de trabajo), según Biedma porque si se hubiese hecho se hubiera constatado que se trataba de un puesto nuevo, lo que obligaba a sacar a concurso la plaza.

Sin embargo, el letrado destaca al respecto que este hecho "solo resulta atribuible a quienes firmaron el documentos que finalmente se incorporó al expediente administrativo".

Intervención "absolutamente normal"

El abogado insiste en que la participación de Cinta en esos procedimientos fue "absolutamente normal" y necesaria en función de su cargo, e insiste en que "no participó ni intervino en la adopción de las propuestas de creación del puesto ni en las propuestas de su ulterior provisión y modificación", que partieron del área de Cultura, "como no podía ser de otro modo".

Para despejar cualquier duda, su defensa incide en que considera que "la actuación de todos los investigados, de absolutamente todos, fue impecable, y que no existe rastro o inicio

alguno de criminalidad en sus respectivas intervenciones personales". No obstante, añade, "si alguien presuntamente pensó, promoviendo la creación o modificación del puesto de trabajo, cometer una ilegalidad de la que resultara beneficiario" David Sánchez "es indiscutible que dicha intención no la exteriorizó" de manera que que permitieran a la jefa de Personal "ni siquiera eventualmente pensar que podría estar contribuyendo, colaborando o permitiendo la comisión de tal ilícito". "¿Qué indicio existe -vuelve a preguntarse- de que pudiera conocer que, presuntamente, el puesto se estaba creando para el Sr. Sánchez, o modificándose para satisfacer sus preferencias?".

"No fue la única funcionaria que intervino"

Y hace hincapié en que no fue la única "que intervino enviando y recibiendo correos sobre la creación y modificación de la plaza", ni la única funcionaria que formó parte de la Comisión Técnica de Relación de Puestos de Trabajo en 2016 ni de la Mesa General de Negociación en 2022, ni tampoco la única que emitió informe de legalidad o formó parte de la Comisión Técnica de RPT en octubre de 2022. De ahí que se pregunte "cuál es el elemento diferenciador" entre ella y el resto de funcionarios que participaron en ambos procedimientos.

Cinta, insiste, "no ha otorgado apariencia de legalidad a ninguno de los procedimientos administrativos" que cuestiona la instructora porque "ningún indicio existe de que mi representada interviniera como funcionaria pública" con "consciencia clara de la ilegalidad o arbitrariedad que presuntamente iba a perpetrar", por lo que pide a la juez que acuerde el sobreseimiento de la investigación respecto a ella.