Los jueces y fiscales en lucha contra las «leyes Bolaños» afrontan hoy sus dos citas clave con las más altas instituciones europeas.

Viajan personalmente a Estrasburgo para trasladarles los «peligros» que entrañan los planes del Gobierno para cambiar el acceso a las Carreras, estabilizar a 1.004 sustitutos, y darle la instrucción de las causas a una Fiscalía cuyo máximo responsable seguirá nombrando el Gobierno.

Las tres asociaciones judiciales y las dos de miembros del Ministerio Público se verán en la tarde de hoy con la vicepresidenta de la Comisión Europea Henna Virkkunen para advertirle de las destructivas implicaciones que prevén que tendrán para la independencia judicial las reformas que impulsa el Ministerio de Justicia.

Según explican fuentes de las agrupaciones profesionales a LA RAZÓN, buscan que, tras este encuentro, que no durará más de media hora, desde la Comisión de Ursula von der Leyen hagan un movimiento que lleve al Ejecutivo a, al menos, ralentizar su proceso de aprobación.

Aunque el escenario ideal para ellos sería que Bolaños aceptase finalmente optar por su retirada. Lo que quieren es una actuación previa, dado que están convencidos de que «no hay vuelta atrás» si se aprueban unas reformas aún en tramitación, pero por la vía de la urgencia.

El antecedente de una marcha atrás por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a una reforma en el sistema judicial, gracias a la intervención de la Unión Europea, lo encontramos hace cuatro años.

Ven la esperanza en que hace 4 años la UE logró frenar la rebaja de las mayorías para renovar el CGPJ

El entonces titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Campo, desistió de sacar adelante la rebaja de la mayoría (de una de tres quintos a una absoluta) para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Solo mandó el proyecto a un cajón después de que la entonces «número dos» de la Comisión Vera Jourova exigiese su retirada porque iba en contra de las recomendaciones de la UE en materia de separación de poderes y de reducción de la influencia política en el órgano de gobierno de los jueces.

Los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), juntos a la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) apelarán, asimismo, a que la jurisprudencia comunitaria les da la razón.

Concretamente, detallan las citadas fuentes, recordarán a la vicepresidenta el pronunciamiento que dictó Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la sentencia del asunto «Repubblika», con el que estableció principio de «no regresión».

Este implica, básicamente, que los Estados miembros, tras convertirse en uno de los 27, han de mantener «el compromiso de respetar los valores establecidos en los tratados de un modo que no pueden reducir las garantías existentes en el momento de la adhesión en relación con la protección» de la independencia judicial.

Y que, de hacerlo, incurrirían, precisamente, en el incumplimiento de los tratados comunitarios al estar aplicando un retroceso en las garantías de la protección del Estado de Derecho.

Como ha podido saber LA RAZÓN, finalmente también harán lo propio con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en un encuentro que estiman determinante y está programado hoy para la 13:30 horas.

De igual forma, mantendrán reuniones con el presidente del PP europeo (PPE), Manfred Weber; el grupo de la Eurocámara de los Conservadores y Reformistas, y celebrarán una mesa redonda sobre el «declive de la Justicia en España».