Dos jueces de menores de Madrid y una Canarias se dieron cita este pasado martes en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para mandar un claro mensaje a la sociedad: no al aumento de las penas como estrategia para que los jóvenes cometan menos delitos.

Reyes Martel, titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, recordó lo que considera una circunstancia obviada y que es importante tener en cuenta: "El menor no nace delincuente, son normalmente niños y niñas muy dañados, que muchas veces han sido también víctimas de un delito"

A ellas las acompañaba Wynna Zady, exdelincuente juvenil, que llegó a cometer más de 25 delitos, y, ahora, tras graduarse en Derecho, devuelve lo que un día vivió en el centro de menores acompañando a menores internados. Compartió la misma tesis: "Rebajar la edad para exigir responsabilidades penales (actualmente, en 14 años) no sirve de nada sin prevención y ayuda".

La magistrada Martel la puso como ejemplo de que sí es posible "reconducir sus vidas". Recalcó, por otro lado, que estos centros suponen una de las medidas de castigo "más restrictivas y duras" para los menores que han delinquido.

Zady volvió a confirmarlo y compartió las veces en que ha visto cómo menores internados se tratan de quitar la vida, algo que, tal y como confesó, a ella misma también le pasó.

Siguiendo el hilo, la jueza de menores Martel revivió la noche en que fue testigo del sonido que se oye en un centro de este tipo. No es otro, explicó, que el de menores "llorando" y se sinceró sobre las "muy malas" condiciones en que viven.

Una juez que preferiría ir a la cárcel que un centro de menores

"Lo voy a decir así: preferiría irme a cualquier centro penitenciario que uno de los dos centros de menores de Canarias", llegó a decir Martel durante la rueda de prensa.

Otro dos datos clave que dejó esta miembro de la judicatura, acostumbrada a tratar con menores involucrados en problemas con la ley, son que "el 80% sale adelante y se recuperan" y la mayoría de este colectivo no son "migrantes", como muchas veces se hace creer.

"Más útil el Camino de Santiago que un castigo"

La propuesta que como impartidoras de Justicia quieren llevar ante las autoridades y los políticos es que la estrategia a seguir, ante esta realidad, debe ser la de una "Justicia restaurativa" que vele por "reconducirlos para que no sean adultos delincuentes".

Esto pasa, defendió Martel, apoyada por sus compañeras, por considerar más útil que hagan el Camino de Santiago como forma de "trabajar la frustración" o practiquen boxeo "para canalizar la ira y la agresividad", antes que someterlos a castigos. "Se trata de, sin olvidar a la víctima, ayudar al autor a no volver a cometer el daño que ha hecho", expuso.

Y puso como ejemplo un caso de éxito (de tantos) que ella misma conoció. Los hechos ocurrieron en Gran Canaria. Tres chicos cogieron a un sintecho, que sufría un evidente deterioro mental, le robaron y acabaron por prenderle fuego. La víctima sobrevivió "de milagro" y se dio la casualidad de que uno de los chicos le conocía de verlo toda la vida en las calles de su barrio.

Desde el principio, -relató la juez- los peritos percibieron que este joven se planteaba que podría haber hecho algo más que mirar como sus dos amigos hacían arder al hombre y, cuando salió en libertad vigilada, terminó ayudando a otros mendigos en obras sociales de acogida.

"Esta persona, con la Justicia restaurativa, no volverá a cometer hechos delictivos. Ahora estudia Trabajo Social", sentenció Martel sobre este historia de vida concreta a modo de moraleja.

No hay tantos casos como el de la educadora de Badajoz

Por otro lado, la juez reivindicó que "no existen tantos casos como se cree" que sean comparables al reciente asesinato por tres menores de una educadora social en la localidad extremeña de Badajoz, que reavivó el debate sobre si la legislación a la que se enfrentan es demasiado blanda. "Los actos que suelen cometer no son tan graves", insistió, remitiéndose a su experiencia.

El precedente de Inglaterra

Por su parte, Concepción Rodríguez, del Juzgado de Menores número 1 de Madrid, negó, de igual forma, la utilidad de un incremento de las penas para los menores para tratar que desde el colectivo joven se cometan un menor número de delitos .

El precedente que lo evidencia, advirtió, está en Inglaterra y Gales, que hicieron lo propio, y tuvieron como resultado un aumento de la delincuencia joven. "Un menor no piensa en si le supondrá tres años de internamiento o seis de libertad vigilada".

Rodríguez se desmarcó de la idea de que en España las leyes sean más laxas que en los países de nuestro entorno. Nos situamos, explicó, en la media europea con los 14 años de límite para exigir consecuencias penales para los menores. Además, de que -recordó- en nuestro sistema judicial no se tienen en cuenta criterios psicológicos como la madurez, al ser el baremo los años biológicos.