El juez propone juzgar a José Luis Moreno como líder de una trama de blanqueo y estafa a inversores y bancos

La Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno procesa al productor José Luis Rodríguez Moreno, junto a un total de 55 personas, y propone juzgarle por su pertenencia una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados, que después iba a parar a sociedades maquilladas que, mayoritariamente, carecían de una actividad real. El fin de los supuestos miembros de la trama y de Moreno, que sería uno de sus líderes, era "lucrarse de manera ilegítima".

El magistrado Moreno transforma así las diligencias del conocido como "caso Titella" en procedimiento abreviado y da un paso hacia que los investigados sean juzgados por delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución.

Además, el instructor de la AN atribuye un delito contra la Hacienda pública al conocido productor y a su amigo Martin Czehmester.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 apunta a que la red delictiva operó, al menos, desde el año 2017, y estaba compuesta por un elevado número personas físicas y jurídicas.

Esta circunstancia provocó que el rastreo de su actividad fuese una tarea de "extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de rueda de cheques o pagarés, a la falsificación de efectos bancarios, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades, con una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas".

Según refleja el auto, esta organización se dedicaba a obtener lucro aparentando, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial. Este modus operandi estaba dirigido a lograr de entidades bancarias productos crediticios, tales como el "confirming", "factoring" o líneas de crédito a empresas. Finalmente, se hacía con el importe económico, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado.

Empresas pantalla y testaferros

Para ello, se servían de una red de empresas pantalla y testaferros que dificultaba apreciar la vinculación existente entre los mismos, lo que permitía a la cincuentena de imputados simular la existencia de relaciones comerciales o económicas entre las diferentes empresas.

Promoviendo las constantes transferencias de los fondos de unas a otras para dificultar la trazabilidad y recuperabilidad del dinero obtenido ilícitamente de la defraudación a las entidades bancarias.

El dinero defraudado por medio del abuso de las líneas de crédito o peloteo de cheques y pagarés, según el juez, no era directamente extraído, sino que iniciaba un largo circuito de transferencias entre empresas con el fin de desvincularlo de su origen ilícito, se multiplicaban los movimientos de dinero entre empresas para que los sistemas de control de los órganos tributarios los achacasen a una actividad empresarial regular.

El magistrado de la AN indica en su resolución que entre los afectados por estos presuntos delitos se encuentran diversas entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Hacienda pública e inversores particulares.

[[H2:Moreno, en la cúspide de la red criminal]

El auto explica que en un primer nivel de la organización se , además de Moreno, Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar de Castro, como sus colaboradores directos.

Cada individuo, señala, mantenía su actividad delictiva con su propia cartera de empresas, para posteriormente simular actividad comercial con otras pertenecientes a otros miembros, creando un entramado societario con una apariencia solvente, utilizada para crear engaño en las entidades bancarias en la adquisición de todo tipo de productos financieros.

Así, Moreno como persona pública muy reconocida, prestaba presuntamente su nombre como tarjeta de visita, para que tuvieran mucho más fácil conseguir financiación en entidades bancarias. Además, sería el encargado de presentar los proyectos cinematográficos o televisivos para los que se requería financiación, era el principal receptor de los fondos obtenidos por Aguilera y Salazar.

Estos, señala el magistrado, tenían amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil, se encargaban de conseguir las sociedades, maquillarlas, poner un administrador y presentarlas antes los bancos como las beneficiarias de la financiación necesaria para el desarrollo de sus actividades, cuando realmente, arecían casi siempre de actividad real, y cuya finalidad, "no era otra que la de lucrase de manera ilegítima".

Para el juez, los anteriores contarían además con la colaboración de terceras personas, entre los que se encontraban abogados, gestores financieros, empleados de banca y otras personas de su especial confianza, sin quienes hubiera sido imposible llevar a cabo la organización, planificación y ejecución de la mayoría de las estafas perpetradas.

Más aún, "si tenemos en cuenta el número de sociedades involucradas y la complejidad de llevar a cabo la trama sin ser detectados por los organismos de control de las propias entidades financieras".

El auto da un plazo de veinte días a la Fiscalía y las acusaciones que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien soliciten el sobreseimiento de las actuaciones.