Miles de jueces y fiscales de toda España protagonizan hoy una concentración que marcará el inicio a la huelga contra la reforma del acceso a las Carreras y la estabilización de cientos de sustitutos que quiere llevar a cabo el Gobierno.

Colgarán las togas, en señal de protesta, los tres primeros días de la próxima semana, después de que el paro del pasado 11 de junio no hiciese al Ministerio de Justicia dar un paso atrás y retirar las polémicas ya conocidas como «leyes Bolaños», entre las que también se incluye el plan de dar la instrucción a los miembros del Ministerio Fiscal sin establecer mecanismos que garanticen que no actúen al dictado de un fiscal general del Estado escogido por el Gobierno.

La jueza decana de los tribunales de Madrid, María Jesús del Barco, será una más en una huelga que, como aclara a LA RAZÓN, tienen «todo el derecho a ejercer». Según explica, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no les ha prohibido hacerla, básicamente porque no puede impedir lo que es un derecho fundamental de los jueces.

«Es lo mismo que dijeron en las sucesivas convocatorias desde 2019», apunta esta magistrada, para, seguidamente, recordar que solo la Constitución podría establecer la prohibición, como ya les impide estar en un partido o un sindicato, mientras ejercen la función jurisdiccional.

Del Barco deja claro a este diario que no tienen, por tanto, miedo a ninguna sanción que no tendría «apoyo legal», y le resulta «sorpresiva» la actitud del ministro socialista del ramo, Félix Bolaños, cuando ya hicieron huelga durante las etapas de Ruiz Bermejo, Ruiz-Gallardón, Catalá y Delgado.

Se refiere la jueza a que ninguno mostró, a diferencia de él, interés en asegurarse de que se les detraiga de los salarios del lunes, martes y miércoles, como ha trasladado al Poder Judicial. «Parece que con la intención de impedirles ejercer su derecho a la huelga».

Lo que sí le gustaría a Del Barco apuntarle a Bolaños es que las labores de inspección y disciplinarias, sobre si está justificada con la huelga la ausencia de los jueces en su puesto de trabajo le corresponde al CGPJ y no al poder Ejecutivo, dado que es «otra de las garantías de la independencia judicial». Lo que le ha llevado a preguntarse si este es otro intento de Moncloa de sobrepasar los límites.

Confiesa que no es muy partidaria de las etiquetas como «conservadoras» o «progresistas» para las asociaciones judiciales, que son las convocantes de la huelga. Entre ellas, la mayoritaria, que ella misma preside, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Dan por hecho ya desde su agrupación que lo único que puede evitar las modificaciones del sistema judicial que pretende el departamento de Bolaños es que los apoyos parlamentarios del PSOE descaigan y, como anunció ya Junts, no apoyen la propuesta.

Ellos, mientras tanto, tienen claro cuál es su deber y en ello están: «Mantener la esperanza y hacer todo lo que esté en nuestra mano hasta el último momento para que esta ley se retire».

Lo que ve la responsable de los juzgados de la capital es un descontento generalizado de sus compañeros porque supondrá la «disolución» de la judicatura y el cuerpo fiscal y, consecuentemente, el debilitamiento del Estado de Derecho.

También una dosis grande de «desazón» y «desconcierto» por cambios como la integración de los tribunales instancia que se implanta el lunes. Del Barco espera ya el «desorden y desbarajuste» que esto traerá.

Agradece, eso sí, el apoyo de los sindicatos policiales, de la Guardia Civil, de otros funcionarios como los inspectores de Hacienda, el resto de operadores jurídicos y la ciudadanía, en general, en el que considera el «peor momento» al que se enfrenta la Justicia. Y la muestra más clara de ello la ve en la «continua estrategia de desprestigio» a la que se enfrentan los instructores de determinadas causas penales.