Justicia gana el primer pulso: jueces y fiscales aplazan la huelga de togas

La huelga indefinida de jueces y fiscales del día 16 tendrá que esperar. Las cinco asociaciones que convocaron el paro indefinido han decidido, tal y como les había solicitado el Ministerio de Justicia, retrasar unos días el comienzo de la medida de fuerza, que ahora quieren fijar el 22 de mayo, cuando también comienza la huelga indefinida convocada por los funcionarios.

Tras la tercera reunión del pasado miércoles, que se prolongó hasta bien entrada la noche, el departamento de Pilar Llop solicitó a las asociaciones que aplazaran la huelga al menos hasta el día 19 para reunirse de nuevo tres días antes y tener tiempo para elaborar una nueva oferta retributiva. Tanto la conservadora Asociación de Fiscales como el Foro Judicial Independiente recogieron el guante, una estela que siguieron también la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) tras consultar con sus ejecutivas. Una decisión que dejaba sola a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuya Ejecutiva ha acordado también esta anoche aplazar el comienzo del paro indefinido «como gesto de buena voluntad». Las otras dos asociaciones –Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)– siguen sin respaldar los paros a la espera del rumbo de la negociación.

La APM asegura en un comunicado que aunque considera las cantidades ofrecidas por Justicia «insuficientes» e «inasumibles», han optado por suspender la huelga convocada para el día 16 «a la espera de los avances que se produzcan» en la Mesa de Retribuciones. Pero la asociación mayoritaria deja claro que es necesario «avanzar» en la «adecuación de los grupos de población, en el incremento del pago de los trienios y de las guardias» y en otras cuestiones «que afectan a la propia estructura de nuestras retribuciones».

"Espíritu negociador"

También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria justificó ayer su decisión de aplazar los paros. Aunque la Mesa de Retribuciones «no ha dado sus frutos» por ahora –aseguran– se han celebrado ya tres encuentros de un órgano de negociación «que ha permanecido inerte durante más de una década». Además, destacan, al menos ya disponen de una propuesta «para sistematizar el calendario de trabajo técnico de la Mesa para el próximo ciclo de negociación» (previsto por ley cada cinco años).

La asociación pone en valor su "actitud constructiva" y "verdadero espíritu negociador" para, "desde la responsabilidad", decantarse ahora por "ampliar el margen de negociación durante unos días, como solicita el Ministerio", confiando en que ese plazo extra "no se desperdicie".

En el último encuentro, el departamento que dirige Pilar Llop se mantuvo firme en su oferta de 46,7 millones de euros, que la mayoría de asociaciones consideran insuficientes (la APM reclama un desembolso de 74 millones que la asociación Francisco de Vitoria rebaja a 57), por cuanto esos aproximadamente 450 euros mensuales más de media (383 si se reparten en 14 pagas) apenas cubren el 7% del 20 por ciento de pérdida de poder adquisitivo que acumulan los miembros de ambas carreras profesionales.

Respuesta "desoladora"

Ahora, las asociaciones han optado por dar a Justicia (cuyos representantes plantearon su incomodidad ante el hecho de seguir negociando a partir del día 16 con "un comité de huelga") un mayor margen para elaborar su nueva propuesta, aunque algunas de ellas consideraban que en estas 48 horas había tiempo suficiente para redactarla.

El ministerio planteó incluso abrir una segunda fase de negociación para discutir mejoras en los trienios (los jueces se quejan de que se aplican sobre su primer salario y no sobre el actual) y en determinadas variables retributivas.

Tras levantarse el miércoles la tercera reunión de la Mesa de Retribuciones, fuentes de las asociaciones calificaban de "desoladora" la respuesta a sus demandas por parte del Gobierno, al que reprochaban su "total inmovilidad", achacándole un intento de "menoscabar el legítimo derecho de huelga" de jueces y fiscales.