El CGPJ respalda la subida salarial a los jueces pero calla sobre la huelga de togas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoya las reivindicaciones salariales de jueces y magistrados, pero por el momento no se pronuncia sobre la huelga indefinida convocada por tres de las cuatro asociaciones judiciales -la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- a partir del próximo 16 de mayo.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha querido plasmar su respaldo a las demandas de la carrera judicial de una mejora de sus retribuciones y lo ha hecho a través de un acuerdo en el que concluye, por unanimidad, que "es necesario revisar y actualizar las retribuciones" adecuándolas a los principios "cuantitativos y cualitativos recogidos en la Ley 15/2003 de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En esa línea, llevará a la Mesa de Retribuciones que se celebrará el próximo 3 de mayo con los ministerios de Justicia y Hacienda como interlocutores una "propuesta de revisión y actualización de las retribuciones" para conseguir "un sistema retributivo objetivo, equitativo" y "transparente". A esa cita acudirán en representación del CGPJ los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya.

Garantía inherente de independencia

El Consejo recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya estableció en una sentencia de febrero de 2018 que los estados miembros tienen el deber, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, de garantizar la independencia de los jueces "también en su dimensión económica", pues a su juicio "el hecho de que éstos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia".

El Pleno subraya que el CGPJ "está llamado a velar y a garantizar la integridad e independencia de los tribunales en el desempeño de la función jurisdiccional", así como a recordar -añade- que el régimen retributivo de los miembros de la carrera judicial constituye "un elemento configurador de su independencia económica, lo que impone no sólo su regulación mediante una ley especial sino una especial atención en el tratamiento de esta materia, en consonancia con su posición institucional y severo régimen de incompatibilidades".

Pero de los paros, el CGPJ no dice ni una palabra, al menos hasta que las asociaciones convoquen oficialmente la huelga -el próximo miércoles se verán las caras con el Ministerio de Justicia- y soliciten al Consejo, como han hecho en anteriores ocasiones (la última en mayo de 2018), que fije unos servicios mínimos que el CGPJ siempre se ha negado a establecer argumentando que una huelga de togas no tiene amparo legal.

Los funcionarios, también en huelga

La anunciada huelga de jueces y fiscales complicará aún más si cabe la delicada situación que vive la Administración de Justicia desde que el pasado enero los letrados judiciales se pusieron en pie de guerra para reclamar mejoras salariales, una huelga que obligó a suspender 400.000 juicios y vistas y a paralizar casi medio millón de demandas y que se cerró a finales de marzo con una subida de 430 euros brutos de media.

Pero detrás de las reclamaciones retributivas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) llegaron las de los funcionarios, que comenzaron con paros parciales el pasado día 17 y que ya han convocado siete huelgas de 24 horas en mayo tras la que llevaron a cabo la semana anterior. A estas protestas se les sumarán desde el 16 de mayo, si el departamento que dirige Pilar Llop no lo impide, la huelga indefinida de jueces y fiscales, una medida sin precedentes que llega en el peor momento político para el Gobierno de Pedro Sánchez: con las elecciones municipales y autonómicas del 28-M a la vuelta de la esquina y a punto de asumir España la presidencia rotatoria de la Unión Europea.