El caso Koldo acaba de incorporar unas diligencias abiertas en los juzgados de Plaza de Castilla por presunta financiación irregular del PSOE. Este juzgado se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional toda vez que es el órgano que investiga los pagos en metálico de Ferraz a los miembros de la trama. Sin embargo, a comienzos de noviembre abrió diligencias al considerar que los hechos descritos en la denuncia de Vox "hacen presumir la existencia de una infracción penal".

Así consta en la documental remitida a la Audiencia, y que avanza LA RAZÓN, en la que la titular del Juzgado de Instrucción número 37 explica que se inhibe en favor del órgano que instruye el caso Koldo por tener una investigación abierta ya sobre el asunto. Esta causa que ahora asume el magistrado Ismael Moreno nació a principios de noviembre a raíz de una denuncia interpuesta por Vox. La formación que lidera Santiago Abascal acudió a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 20 de octubre; el mismo día que el Tribunal Supremo dio el primer paso para investigar los descuadres con los pagos de Ferraz a Koldo García y a José Luis Ábalos.

En su denuncia, Vox apuntó a un "uso masivo e indiscriminado de dinero en efectivo en la gestión del PSOE" y expuso que el partido no había reconocido en sus cuentas anuales la retirada de dicho efectivo de sus cuentas bancarias. Al hilo, incluyó el testimonio de la empresaria Carmen Pano, que dijo que hizo dos entregas de 45.000 euros en pandemia en Ferraz por orden de Víctor de Aldama y, también aportó el informe que la Guardia Civil incorporó al caso Koldo el mes pasado en el que sostiene que el exasesor de Ábalos cobró sobres con dinero en metálico sin que dichas partidas se correspondieran con las liquidaciones de gastos debidamente identificadas por el partido.

La Fiscalía se opone al registro de Ferraz

En paralelo, interpuso denuncia también en los juzgados de instrucción Madrid. En esta actuación solicitó, además, que se acordaran una serie de medidas cautelares de urgencia para evitar la destrucción de fuentes de prueba. En concreto, según se desprende de la denuncia del 28 de octubre, reclamó la entrada en Ferraz para obtener todo tipo de registros y documentos contables relacionados con el efectivo del PSOE, así como el material informático que pudiera tener el departamento de contabilidad y gerencia del partido en relación con sus recursos económicos.

Del mismo modo, pidió que se obtuvieran los documentos aportados desde 2017 por la formación al Tribunal de Cuentas y, finalmente, la entrada en el domicilio de Mariano Moreno Pavón y de Ana María Fuentes, exgerente y actual responsable del cargo. El objetivo de la diligencia era obtener información sobre los hechos investigados.

La denuncia se repartió el 4 de noviembre y recayó en el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid. Sin embargo, se remitió al Juzgado de Instrucción número 54 por encontrarse en funciones de guardia en aras a que se pronunciara sobre las medidas cautelares solicitadas. Su titular, Carmen Rodríguez-Medel, incoó diligencias ese mismo día por presunto delito de financiación irregular apuntando que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Del mismo modo, dio traslado a la Fiscalía para que se pronunciara sobre las medidas solicitadas por Vox para asegurar la prueba.

La Fiscalía se opuso de plano a la petición de Vox. El Ministerio Público recordó que la entrada y registro de un partido político y de particulares son medidas de gran enjundia que deben estar debidamente justificadas, sin olvidar, además, que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, aunque no tenga carácter ilimitado. Además, recordó que ya hay unas diligencias abiertas en la Audiencia Nacional por estos hechos y que, siguiendo lo establecido en las normas de reparto, lo lógico sería derivar esta cuestión a dicho órgano para que decida sobre el asunto.

En manos de la Audiencia Nacional

La juez Rodríguez-Medel atendió su reclamo y en vez de pronunciarse sobre las medidas cautelares, derivó la causa al Juzgado de Instrucción número 37 por ser en el que recayó la denuncia de Vox. Este juzgado, por su parte, incoó igualmente diligencias por presunto delito de financiación ilegal pero las derivó a la Audiencia Nacional. Según explicó, lo que resolviera en relación con la petición de Vox podría "colisionar y ser contradictorio" con lo que estime el magistrado del caso Koldo, por lo que decidió derivar el asunto a la Audiencia Nacional.

El instructor de esta causa de corrupción ha incorporado toda la documental procedente de Plaza de Castilla en la pieza separada abierta para investigar el metálico del PSOE. Al hilo, ha trasladado a Vox que no está legitimado para presentar escritos en el procedimiento, por lo que si quiere reiterar su petición de medidas cautelares tendrá que hacerlo a través del Partido Popular, que es el que ostenta la dirección letrada de todas las acusaciones populares.

Moreno impulsó la investigación sobre la caja del PSOE tras los indicios recabados por el Tribunal Supremo. Se trata de una línea de actuación en estado muy embrionario ya que, de momento, está a la espera de las diligencias de investigación que proponga la Fiscalía Anticorrupción. El origen de los fondos que percibieron Ábalos y Koldo y el sistema de pagos vigente en Ferraz en los años investigados centrarán el grueso de estas pesquisas.