La Generalitat activará una dura campaña de agitación social después del referéndum. Planea asambleas callejeras a través de las plataformas soberanistas ANC y Ómnium.

El nuevo giro de la Generalitat, sin firma del anunciado acuerdo colegiado y sin nada para poner en marcha la compra de las urnas del referéndum ilegal, no sorprendió ayer al Gobierno. Más bien al contrario. Estaba todo listo para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado dieran nuevos pasos al frente, pero ya el lunes por la tarde en Moncloa se imponía el escepticismo sobre la posibilidad de que hubiera un acuerdo formal en el que se implicasen el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos sus consejeros.

«Lo visten de cerrojazo informativo, lo cual dice muy poco del carácter democrático y de la transparencia del proceso, pero aquí lo que hay es miedo. Miedo al Estado de Derecho», valoraban ayer en Moncloa, tras conocerse el cambio de opinión en cuanto a la compra de urnas para la consulta ilegal. El vicepresidente, Oriol Junqueras, y el responsable de Política Exterior de la Generalitat, Raül Romeva, anunciaron la semana pasada que sería este pasado martes cuando explicarían cómo se haría esa compra, pero cuando llegó el momento lo que anunciaron fue que este tema también se ha convertido en secreto.

El Gobierno entiende esta política como el juego «del ratón y el gato». Dicen que la Generalitat va a seguir «con sus trampas», pero también que «están dispuestos a ir a por todas incluso sabiendo que el referéndum no se va a celebrar». La estrategia legal está prevista, pero lo que empieza a inquietar más es hasta dónde llegarán los planes para «tensar la cuerda hasta romperla». Al tiempo que declaran secreta toda su estrategia, lo que en medios gubernamentales han bautizado como «el juego del ratón y el gato», el independentismo está trabajando ya intensamente en la movilización social, utilizando para ello todo el movimiento organizativo que la Generalitat lleva sosteniendo desde hace años.

Los preparativos tienen como fecha clave la Diada, que se celebra el 11 de septiembre, porque ahí arrancará una dura campaña para «encender la calle» y que tendrá su punto más álgido después del 1 de octubre. Cuentan con que tienen asegurados unos 100.000 catalanes, eso que en la nueva jerga del independentismo han bautizado como sus «soldados», es decir, todo lo que rodea a la ANC, a Ómniun Cultural o a la Asociación de Municipios por la Independencia, por ejemplo. Artur Mas siempre ha soñado que se vería arrastrado por el clamor del pueblo catalán a liderar la construcción de un Estado propio. Pero la realidad es que detrás de ese «clamor» sí hay la capacidad de sacar a la calle a cientos de miles de catalanes, pero tiene muy poco de espontáneo porque durante los últimos años este movimiento ha sido financiado generosamente con dinero público por la Generalitat y nutrido, además, por los medios de comunicación públicos como TV3.

Puigdemont y Junqueras saben que tienen perdida la batalla legal, y que el referéndum no se va a celebrar, pero dando por descontado este escenario, el objetivo que mueve al independentismo es otro. Dentro de la antigua Convergéncia hay división sobre el alcance de estos planes y las consecuencias de una estrategia en la que «no entra en estos momentos la idea de convocar elecciones el día después del 1-O». «Aquí hay algunos que están decididos a quemarse en la hoguera para pasar a la historia. Y ni los apercibimientos ni las inhabilitaciones les van a frenar», advierten desde el independentismo más moderado. No habrá consulta, pero mantendrán la ficción de que puede celebrarse hasta el último momento. Quieren la imagen de la tensión en la calle el 1-O, y planean poner sordina a ese fracaso con asambleas callejeras, acampadas y hasta encierros en el Parlament de las fuerzas independentistas. Todo al servicio de sostener la idea de que el pueblo catalán se rebela contra la supuesta vulneración de sus derechos. El Gobierno advierte de que manejará ese hipotético escenario, de confirmarse, con el mismo principio que ha gestionado la respuesta legal: «proporcionalidad y respeto a la legalidad vigente».