La «diáspora» de los fugados

Repartidos por tres países estratégicos, Puigdemont, Rovira y los ex consellers Ponsatí, Puig y Serret optan por el «efecto racimo» para dificultar su entrega a la Justicia española.

«No pueden decir que no estuviesen avisados. Se les advirtió de que irían a la cárcel». Apenas unas horas después del ingreso en prisión de los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva y de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, fuentes próximas a Puigdemont y a los antiguos miembros de su Ejecutivo huidos de la Justicia española desde el pasado noviembre se reafirman en su estrategia procesal de poner tierra de por medio. Como muestra, se reivindican, el último botón: la decisión del juez Pablo Llarena del pasado viernes, que ha devenido inútiles tanto las renuncias a las actas parlamentarias como los paños calientes a la declaración de independencia (Forcadell llegó a renegar de la DUI hasta una veintena de veces en cuatro minutos el pasado 9 de noviembre durante su declaración en el Tribunal Supremo).

Reactivadas las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), la partida procesal se jugará a partir de ahora en Bélgica, Suiza y Reino Unido, donde se han refugiado los procesados en busca y captura. En Bélgica se encuentran, además de Puigdemont (tras su regreso precipitado desde Finlandia, donde se encontraba desde el jueves para impulsar su campaña secesionista), los ex consellers Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret; en Suiza, Marta Rovira y la ex diputada de la CUP Anna Gabriel (sobre la que no pesa euroorden alguna, pues el Supremo no le imputa el delito de rebelión, sino sólo el de desobediencia, que no lleva aparejadas penas de cárcel), y en Inglaterra, Clara Ponsatí (aunque imparte clases de Economía en la Universidad de Saint Andrews no reside en Escocia).

Ese «efecto racimo» –que incluso puede verse incrementado si al final Puigdemont no regresase a Bélgica– responde fundamentalmente a una estrategia procesal minuciosamente trazada con el objetivo de entorpecer las solicitudes de entrega de la Justicia española. Salvo Suiza (lo que abre un interrogante sobre la presencia definitiva de Rovira allí), estos países –al igual que Holanda, Irlanda o Alemania– están marcados en rojo en el mapa de la «diáspora» de los líderes del proceso soberanista y sus abogados por las mayores dificultades con las que, consideran, puede toparse España para conseguir su entrega.

En Bélgica, el auto de procesamiento debería allanar la entrega, unas euroórdenes que el juez Pablo Llarena retiró el pasado diciembre para evitar una entrega descafeinada, limitada a delitos de malversación y desobediencia. Ahora, el procedimiento deberá ponerse en marcha de nuevo y el entorno de Puigdemont y los ex consellers huidos está convencido de que la Justicia belga, como ya sucedió el pasado 5 de noviembre, no ordenará su ingreso en prisión mientras se tramitan las OEDE.

«El juez belga acordará las medidas que considera oportunas –aseguran–, pero en este caso hay menos motivos para limitar sus movimientos, pues mientras se tramitó la euroorden estuvieron siempre a disposición de la Justicia belga». Además, están convencidos de que el precedente de la retirada de las OEDE jugará en contra de los intereses españoles. Puigdemont y los otros tres ex consellers «seguirán con su residencia en Bélgica a efectos de las euroórdenes».

En su anterior comparecencia ante la Justicia belga, el magistrado dejó a los reclamados en libertad sin fianza al no ver «ningún motivo para temer» una posible fuga o el intento de «hacer desaparecer pruebas», pero les prohibió salir del país sin su autorización.

Rovira se lo estaba pensando

En Suiza, lo más parecido a la rebelión en su Código Penal es el castigo que prevé, con penas de al menos un año de prisión, para quienes intenten a través de la violencia «modificar» la Constitución, derrocar a las autoridades legítimas o separar una parte del territorio de la Confederación helvética. No obstante, para las defensas de los fugados es el país que más incógnitas plantea respecto a la tramitación de la euroorden de Rovira, quien, apuntan, «llevaba tiempo dándole vueltas» a su posible huida. No obstante, las autoridades suizas ya han avisado de que se consideran que los delitos que se imputan tienen carácter «político» se denegará la extradición automáticamente.

Anna Gabriel, por ahora, no tiene por qué preocuparse. Se dio a la fuga y ahora sólo le imputan un delito de desobediencia, castigado con penas de inhabilitación. «Pensaba que la iban a acusar por todo...», la justifican.

Esas mismas fuentes sí presumen que conseguir la entrega de Ponsatí por parte de Reino Unido será mucho más complicado. «El procedimiento tardará año y medio y al final se denegará la entrega», vaticinan. En la memoria está, salvando las distancias, el tortuoso procedimiento de reclamación del etarra José Ignacio de Juana Chaos, que terminó con el terrorista refugiado en Venezuela.

En todos estos procedimientos, las defensas de los huidos esgrimirán la reciente resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, sin prejuzgar el fondo de la denuncia de Jordi Sánchez, insta a España a garantizar los derechos del candidato fallido a presidente, en prisión desde el pasado 16 de octubre. «Nos ha caído un regalo del cielo –se congratulan–. Cuando los países a los que se tramiten las OEDE vean ese papel nos vamos a reír...».