El deseo de François Hollande de avanzar «más rápido y más lejos» en su política de reformas vuelve a enfrentarse a la cruda realidad de la economía francesa. Tras dos trimestres consecutivos de estancamiento del PIB, el ministro de Economía, Michel Sapin, da por hecho que París incumplirá su compromiso de reducir el déficit público por debajo del 3,8% a finales de año. El proyecto, prioridad desde la llegada de Manuel Valls al palacio de Matignon, prevé reducir las cotizaciones y los impuestos a las empresas en 40.000 millones de euros en tres años a cambio de que la patronal se comprometa a crear empleo. Como contrapartida a este regalo fiscal a los empresarios, que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, Hollande promete contribuir al poder adquisitivo de los franceses con un bajada de impuestos. En concreto, el presidente ha anunciado que los presupuestos del próximo año incluirán «dos grandes reformas», una para «hacer más simple y más justo el baremo del impuesto sobre la renta», y la otra fusionará dos dispositivos para «favorecer la recuperación de un trabajo y mejorar la remuneración de los asalariados precarios». Ajeno a las críticas, Valls ha comprometido su futuro político a su estrategia de «más empleo, más crecimiento». La población se muestra escéptica y un 80% desconfía de las políticas del Ejecutivo socialista. La popularidad de Valls, que llegó a alcanzar el 70%, ha descendido al 53%, mientras que la de Hollande ha dejado de caer a mínimos históricos y ha subido hasta el 25%.