Lamela recuerda a los ex consellers que «no se les persigue por sus ideas»

Confirma la orden de detención de Comín y Serret por aprovecharse de sus cargos para fines ilícitos.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela recordó ayer a los ex consellers de Puigdemont en prisión que «no se les persigue por sus ideas ni por defender la independencia de Cataluña», sino por tratar de cambiar totalmente la forma de gobierno al margen de las vías legales, «participando decisivamente» en los actos que desembocaron en la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Así lo asegura la magistrada que investiga al destituido Govern por rebelión, sedición y malversación en la resolución en la que confirma la orden de busca y captura de los ex consellers Antonio Comín y Meritxell Serret, que al igual que el ex president se encuentran refugiados en Bélgica a la espera de que se tramite la orden europea de detención y entrega librada por la Justicia española.

Lamela asegura que para conseguir la secesión unilateral promovieron y utilizaron, junto con otros investigados, «la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población». Conscientes de que el referéndum no podía celebrarse, dice la instructora, recurrieron a «la fuerza coactiva de la muchedumbre» y al apoyo de las asociaciones independentistas para imponerlo por la vía de hecho.

La juez rechaza que los dos ex consellers puedan ampararse en la inviolabilidad parlamentaria, porque ésta se ciñe, subraya, a las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo, pero no tiene «carácter general e indiscriminado sobre todo tipo de actuaciones realizadas durante su mandato». Asimismo, Lamela niega al abogado de ambos, Gonzalo Boye, el acceso a las actuaciones mientras Comín y Serret no se pongan «a disposición de este juzgado». «Ni tan siquiera consta», mantiene la juez, que el letrado ejerza la defensa de los dos ex consellers. Fuentes de la defensa de ambos, sin embargo, aseguran que el letrado acreditó documentalmente en el juzgado la representación de ambos. «De hecho se nos han efectuado todas las notificaciones», dicen sorprendidos.

Por otro lado, la defensa de otros dos ex integrantes del Govern de Puigdemont, los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull, reclama a la Audiencia Nacional su salida de prisión porque «el votar a favor de una convocatoria ilegal de un referéndum nada tiene que ver con alzarse de modo público o violento», por lo que niegan que cometieran un delito de rebelión.

Su letrado, Jordi Pina, insisten en negar la competencia de la Audiencia para investigar los hechos y anuncian que, si Lamela no se inhibe en favor de los juzgados de Barcelona, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El abogado sostiene que ninguno de sus defendidos alentaron a los ciudadanos «a alzarse en ningún sentido o a oponerse con violencia a la acción de las autoridades» y se queja de que la magistrada pretenda hacerles responsables «de cualquier acto de protesta –aun no violento– acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana».

Su conducta supuestamente punible, denuncia el letrado, se limitó a «aprobar como miembro del Ejecutivo la convocatoria del referéndum del 1-O». Respecto a la posible malversación, asegura que ninguno de los dos tenían capacidad de decisión respecto a las partidas de gasto público del referéndum relacionadas por la Fiscalía en su querella.