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Jorge Vilches

La legislatura del calvario

Tendremos el mayor conflicto institucional desde 1978. Habrá dos bandos. Por un lado, el Gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Senado, el Tribunal Supremo, el CGPJ y casi todos gobiernos autonómicos.

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A Sánchez se le va a atragantar la risotada de su investidura. Su plan era compensar la demolición del orden constitucional con una agenda social basada en la presión fiscal y el «gratis total». Como siempre, la izquierda quiere cegar los ojos de la democracia con dos monedas, y las dos sacadas de bolsillos ajenos. En este caso sufrirá para hacerlo porque Junts, ERC, Bildu y PNV están solo a su negociado. Si Sánchez no avanza en la desconexión de Cataluña y el País Vasco de este país llamado España, no sacará adelante ni una sola ley. No obstante, el camino está bien trazado. La amnistía es la clave del plan, cierto, pero no hay que mirar solo este dedo cuando es preciso fijarse en la Luna, que es la monarquía parlamentaria. La quiebra pasa, primero, por desautorizar al poder judicial, que es la resistencia a la arbitrariedad en toda democracia liberal que se precie. Para eso van a montar dos comisiones de investigación que trasladen a la opinión pública el «lawfare»; es decir, que los jueces no son trigo limpio, y que se han dedicado a perseguir a los políticos nacionalistas. El espíritu es el mismo que animó a Irene Montero a desautorizar a los tribunales que no interpretaban a su gusto la ley del «solo sí es sí». No significaba que la norma estuviera mal, sino que eran «jueces de derechas» y, por tanto, sustituibles o merecedores de unos cursillos de igualdad.

A estas comisiones propuestas por el PNV y Junts le va a seguir, porque así lo han anunciado Bildu y ERC, otra más para mostrar que el Estado es «opresor» si está en manos del PP. Hablaran del montaje de una policía política y de la persecución a las embajadas de la Generalitat. Debe quedar claro que todo lo hecho desde 1978 es espurio. Por eso Maite Aizpurúa, portavoz bilduetarra, dijo en la investidura que la «mal llamada Transición» se forjó sobre la «negación de diferentes naciones». Si el Estado ha sido opresor y la Constitución es una filfa que debe adaptarse a los «tiempos», es preciso entrar en una nueva fase histórica. En esto coincide con Yolanda Díaz, que entre purgas ha sacado un rato para coincidir en lo del Estado plurinacional. Esta legislatura, por tanto, además de ser un calvario legislativo para Sánchez, será la de avanzar hacia la plurinacionalidad con el añadido lógico del derecho de autodeterminación. Esto lo han exigido los cuatro grupos nacionalistas y el diputado del BNG, con el apoyo de Sumar y Podemos. El avance será a través de la declaración de nación de Cataluña y el País Vasco, y el compromiso de Sánchez en la celebración de un referéndum a la escocesa. ¿Que no encaja en la Constitución? Qué más da.

Ese desencaje será la otra trifulca de esta legislatura. Tendremos el mayor conflicto institucional desde 1978. Habrá dos bandos. Por un lado, el Gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Por otro lado, el Senado, el Tribunal Supremo, el CGPJ y casi todos gobiernos autonómicos. El Rey estará en todo este proceso con la misma cara con la que presenció la promesa constitucional de Sánchez, entre el cabreo y la incredulidad. Mientras esto ocurre asistiremos en esta legislatura a una vuelta de tuerca en la polarización.

El sanchismo se basa en el conflicto porque es el hilo que mantiene cosido el cuerpo de Frankenstein. Los socialistas acusan al Partido Popular de estar fuera de la realidad y de no reconocer la legalidad. Esto es muy grave. Es la desautorización de la oposición y, por tanto, de las instituciones que controla, como el Senado y los gobiernos regionales. La legislatura, en suma, será un test de estrés de nuestra democracia. No solo bastará con que la gente salga a la calle, sino que las instituciones que sostienen el sistema democrático impidan la deriva autoritaria y el cambio de régimen por la puerta de atrás.

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