Leire Díez busca ahora que los audios de las reuniones en que revela que es una emisaria del PSOE no se tengan en cuenta en la causa que se sigue contra ella por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La exmilitante socialista defiende que el fiscal Ignacio Stampa, al haber recogido la conversación que mantuvieron durante más de tres horas el pasado mayo, habría incurrido "en una intromisión ilegítima" en sus derechos fundamentales "al honor, a la intimidad y a la propia imagen"

En el escrito, conocido por LA RAZÓN, sostiene que el Tribunal Constitucional, "en el caso de grabaciones con cámara oculta y su distribución", ha venido entendiendo que constituyen una intromisión ilegítima en dichos derechos, "cuando se realizan en un lugar en que los intervinientes tienen expectativa de privacidad".

Y, citando esta jurisprudencia, Díez apunta a que tampoco podrían formar parte de las actuaciones judiciales porque Stampa les habría grabado "sin conocimiento ni consentimiento" e incluyendo "datos sensibles", entre los cuales se encuentran "la imagen y la voz" de ella.

Por todo ello, asegura que "son nulas de pleno derecho, por cuanto fueron realizadas por un funcionario público miembro del Ministerio Fiscal, como parte de una supuesta investigación extraprocesal y prospectiva" que habría ejecutado el fiscal Stampa. Además, pone en duda que esté confirmado que la grabación "se realizara el día en que tuvo lugar dicha reunión o no haya sido manipulada".

En el audio se evidencian los ofrecimientos de ventajas profesionales que Díez y Dolset le hicieron al exfiscal del "caso Villarejo", si les facilitaba "trapos sucios" sobre sus compañeros de Anticorrupción, Alejandro Luzón y José Grinda, así como del juez (ahora retirado) Manuel García-Castellón. El otro, que también exige anular como material probatorio, es de una llamada posterior del pasado mayo que mantuvo Díez con Stampa y que este último grabó en secreto.

De igual forma, la abogada de la conocida como "fontanera" pretende que se excluya del caso que instruye el juez Arturo Zamarriego el audio del encuentro -por videoconferencia- que mantuvo en febrero con el empresario Alejandro Hamlyn. Durante el mismo, ella le pide información comprometida sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), en especial del teniente coronel Antonio Balas, del que dijo que "si esta muerto, mejor".

A cambio, Díez planteaba a Hamlyn que un pacto con el Ministerio Público en el procedimiento por un fraude millonario de hidrocarburos que se instruye contra él en la Audiencia Nacional y por el que está huido en Dubái.

Ahora, la defensa de Díez apela a que, como en ese encuentro en remoto ella estaba en el despacho del ahora abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, los audios que la recogen están amparados por el secreto profesional del letrado.

Según su tesis, se vieron telemáticamente con el propietario de Hafesa "en un despacho de abogados, debidamente identificado como tal, (...) mientras tenía lugar una reunión de varios profesionales de la abogacía y sus clientes para hablar de cuestiones de estrategia, como manifestó Teijelo".

En definitiva, la representación letrada de Díez solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que anule la prueba, en base a esta serie de circunstancias que -bajo su óptica- hacen que este material tenga un origen ilícito y, por tanto, ilegal.

Dolset intenta desvincularse de las maniobras

Por su parte, el empresario Javier Pérez Dolset -otro de los investigados y participante de las reuniones con Stampa y Hamlyn- apunta a que la investigación del intento de soborno al fiscal madrileño no debería extenderse a él porque el fiscal no le implicó en ningún ofrecimiento ilegal.

En cuanto a otra de las líneas de investigación del "caso Leire Díez", Dolset subraya que en las noticias publicadas en medios sobre el encuentro con el empresario de los hidrocaburos "no se le atribuye participación alguna en la supuesta trama contra la UCO orquestada por el PSOE".

El empresario avisa al juez Zamarriego que "la investigación que se está desplegando (en su contra) es de carácter prospectivo" y que no se ha tenido en cuenta "lo peligroso que resulta en la jurisdicción penal otorgar la presunción de veracidad de la que gozan las investigaciones policiales a las periodísticas".