La lista negra de Moncloa para extirpar la disidencia

Alcaldes y dirigentes provinciales del PSOE están recibiendo llamadas del alto mando del partido en Madrid para que cierren filas y no se salgan del argumentario oficial en estos días delicados en los que se va a conocer el texto de la ley de amnistía y el alcance del pacto político que han firmado con el independentismo catalán y el nacionalismo vasco para avanzar en el «reconocimiento nacional» de Cataluña y Euskadi.

Luces rojas ante la «sensibilidad» del momento, y a pesar de que Pedro Sánchez ya ha utilizado al Comité Federal para blindarse y espera sacar el mismo provecho de la consulta a la militancia. Los toques de atención dejan fuera a Castilla-La Mancha, feudo de Emiliano García Page y donde Ferraz sabe que tiene mucho menos margen de injerencia. Pero en los demás territorios sí se están produciendo movimientos para mantener el marco actual de prietas las filas.

Los barones regionales son la primera correa de transmisión, pero las presiones están llegando a los segundos niveles orgánicos.

La tarde de ayer fue larga en la mesa de negociación de la investidura por las dificultades para reconocer a todas las partes sus exigencias en el plano de lo que entienden como Nación catalana y vasca, y también, en el caso catalán, en lo que toca a la alusión a la necesidad de «resolver el conflicto político catalán por vías democráticas», el eufemismo que esconde la consulta o referéndum en Cataluña.

Pero ya sin marcha atrás en la negociación, la obsesión de Moncloa es que no haya fugas internas que rompan el supuesto estado de aislamiento en el que se mantiene Page a la hora de defender en público su «no» a la amnistía.

El alcalde socialista de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, que también es diputado provincial, anunció ayer que votará en contra del acuerdo de investidura de su partido con Sumar en la consulta del PSOE, y pidió, asimismo, que se vuelvan a convocar elecciones para que los españoles decidan sobre la amnistía a los condenados por el referéndum ilegal de Cataluña.

Para Moncloa vienen días complicados en cuanto al desgaste, en términos de opinión pública y de electorado, que acompaña a los pactos con Junts, ERC, PNV y Bildu. Y no puede haber fallos entre los propios, a los que intentan mantener en el redil con la presión del argumentario que dice que todo lo que sea salirse del guion oficial es convertirse en un apoyo a un gobierno del PP con la ultraderecha. La alternativa al acuerdo con Puigdemont no es un gobierno del PP con Vox, que ya se ha visto que no tienen escaños suficientes para superar la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, sino la convocatoria de elecciones.

Según se haga público el contenido de los acuerdos, Moncloa tendrá que lidiar con la oposición del Poder Judicial, a la que tratará de poner sordina con el mismo argumento con el que presiona a los suyos, el de que es una Justicia controlada por la derecha. Y también del poder autonómico, controlado por el PP, y que se levantará contras las nuevas cesiones concedidas al independentismo catalán y al nacionalismo vasco en clave de equilibrio territorial. No solo la investidura, sino que la legislatura en sí misma, si sale adelante, vendrá determinada por los planteamientos procedentes de Cataluña y Euskadi, donde se disputan pugnas extremas: la competencia entre ERC y Junts, y entre PNV y Bildu condicionarán la relación de estos partidos con el PSOE, cuando, además, hay por delante las citas electorales del País Vasco (podrían adelantarse a marzo) y de Cataluña (principios de 2025).

Gestionar estas rivalidades y exigencias condicionarán y atarán la capacidad legislativa del nuevo Gobierno. En realidad, estos pulsos ya han sido determinantes en la redacción de la ley de amnistía, donde Puigdemont y Junqueras han confrontado hasta en el alcance del perdón político a los procedimientos penales abiertos por el1-O. La situación de los dos partidos es distinta, y sus intereses también: Puigdemont defendía que la amnistía afectase solo a los delitos no juzgados, lo que supondría meter un gol por la escuadra a los republicanos ya que Junqueras y demás condenados mantendrían sus penas de inhabilitación (no borradas por los indultos). ERC, sin embargo, ha luchado por la amnistía total.

El control de la Generalitat catalana es uno de los ejes que han dirigido la estrategia negociadora de Puigdemont. El prófugo de la Justicia quiere aprovechar esta coyuntura para dar el empujón definitivo a Pere Aragonès, que le saque del poder y abra a Junts la puerta de la Presidencia de la Generalitat.

En la negociación, como pago a la investidura de Sánchez ha sido condición insalvable que el expresidente de la Generalitat figure entre los beneficiados de la anulación de los procedimientos judiciales abiertos contra los delitos cometidos por el independentismo. En la lista entran todos los que se cometieron antes y después del 1-O y que tuvieron como objetivo lograr el referéndum de autodeterminación y la independencia. Incluidos los de corrupción, desvío de fondos públicos para el «procés», y terrorismo, para eximir de responsabilidades a los dirigentes de Tsunami Democràtic, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional. Los independentistas mantienen que el acuerdo incluye mecanismos de verificación de su cumplimiento, como siempre ha reclamado Puigdemont para marcar diferencias con ERC y su pacto de la pasada legislatura con el PSOE.