Macrooperación policial en Cataluña por el desvío de fondos públicos para el «procés»

El dinero iba a parar a empresas afines al separatismo. Para encubrir todas estas supuestas actividades delictivas se emitían facturas falsas por informes que se copiaban literalmente de internet.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desplegado esta mañana una importante operación en Barcelona en la que hasta el momento se han producido 30 detenciones y 14 registros. Todo ello es consecuencia de una larga investigación en la que se ha podido determinar que desde la Diputación de Barcelona y algunas entidades de la Generalitat se facilitaban a determinadas empresas del ámbito separatista subvenciones (que pueden superar los 2 millones de euros) que oficialmente irían destinadas a ayudas humanitarias internacionales pero, según sospechan los agentes, terminaban en la financiación del «procés» .

Asimismo, se cree que algunas de estas empresas, además de ayudar al independentismo, se podían quedar con parte del dinero para fines que aún no han sido determinados. Entre las subvenciones irregulares destacan las recibidas por las entidades sin ánimo de lucro CATmon, IGMAN.

Según el comunicado remitido por Interior, sólo estas dos entidades han recibido en el periodo investigado, los años 2011-2015, más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos de la propia Diputación, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado.

La investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto. Las empresas se creaban expresamente para el cobro de las subvenciones y encubrir las actividades delictivas con informes copiados literalmente de internet, facturas falsas y un sinfín de irregularidades.

Informes copiados de internet y facturas falsas

Los análisis realizados por los investigadores de la Policía Nacional revelan que el dinero de las subvenciones transitaba, presuntamente, de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmon y la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o para terminar en cuentas personales de los investigados.

Entre los detenidos se encuentra Jordi Castells Masanés, director de Relaciones Internacionales de la Diputación y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, así como el entonces presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve Figueras. También han sido detenidos Joan Carles García Cañizares, al socio del actual Parlamentario Francesc Dalmses Thio, Víctor Terradellas Mare, quien fue secretario de Relaciones Internacionales de CDC, responsables de PIMEC, así como otros directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas.

El propio Castells dimitió a mediados de 2015 a raíz de las noticias aparecidas en prensa, que le acusaban de repartir más de un millón de euros de la cooperación al desarrollo de forma irregular entre empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro. A las denuncias anónimas,se sumaron otras de la CUP y del sindicato CGT, que presentaron escrito ante la Oficina Antifraude de Cataluña denunciando irregularidades en pro de favorecer a empresas catalanas privadas a través de dinero público.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones por un valor mínimo de 2 millones de euros, según explica en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La operación «Estela»

La operación, denominada "Estela", está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. Tras dos años de una laboriosa y compleja investigación en la que se han examinado decenas de miles de documentos, esta operación da respuesta a las denuncias de diversos colectivos sobre la forma de proceder, la asignación y la justificación de las subvenciones en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona.

Finalmente, hay que señalar que la cooperación internacional ha sido una de las partidas que más se han incrementado en los últimos tiempos lo que provocó la sospecha de que podían esconder o ser utilizados para financiar la proyección exterior del plan independentista. En concreto, la Generalitat destinó en 2017, 17,4 millones de euros para cooperación internacional. Fondos que fueron repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida entonces por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.