Moncloa acusa de «guerra sucia» a jueces y policías

La campaña llegó anoche a su fin con sensaciones opuestas en los dos principales partidos que se disputan el poder municipal y autonómico. Estas dos últimas semanas parecen haber sentado mejor a los populares que a los socialistas, pero hasta que las urnas dicten sentencia todo son conjeturas. El elemento más determinante ha sido la decisión de Moncloa de convertir estas elecciones en un examen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su capacidad de atraer voto con una agenda social salteada de nuevos compromisos que pone a prueba la credibilidad de la palabra del líder socialista. Del resultado del domingo, bueno o malo, la responsabilidad recaerá sobre Sánchez, una vez que ha consumado la decisión de convertir estos comicios en una especie de órdago contra lo que demandaba el poder territorial de su partido. Si no querían que el presidente participase mucho en campaña, Moncloa les ha impuesto una campaña presidencialista, con perfil de examen de elecciones generales y con el Consejo de Ministros como principal plaza de exhibición mitinera del PSOE.

Si sale mal, los barones se sentirán autorizados en la noche electoral a culpar a Moncloa. Pero si el PSOE aguanta, Sánchez estará legitimado para atribuirse en primera persona el mérito de sostener el barco sin que se hunda, pese a las tormentas que su Gobierno ha tenido que atravesar en esta legislatura. El principal morbo en el PSOE está puesto en ver cuánto resiste Emiliano García-Page el pulso electoral y si puede darse la circunstancia de que sea el único superviviente del naufragio, porque, si fuera así, Sánchez se quedaría bastante fuera de juego, aunque con el control del partido hasta el siguiente congreso.

La campaña le ha ido bien al PP, han crecido en votos, y en su estrategia han anticipado lo que serán sus ejes de acción hasta las elecciones generales de diciembre, cuya campaña comenzará el próximo lunes.

A los populares lo que más desazón les produce es la gestión del nuevo estatus de la colaboración con Vox que tiene que salir de las urnas. Hay comunidades autónomas muy relevantes, como la valenciana, en las que los sondeos les dan posibilidades de gobernar con un acuerdo con este partido, y lo que pretende Génova es que las negociaciones que se abran la semana que viene tomen como referencia la diferencia en votos y el marco coyuntural de cada feudo. Los tracking de última hora otorgan al PP en Aragón el triple de votos que a Vox, por ejemplo, lo que los populares entienden que sería razón suficiente como para exigir un Gobierno en solitario, aunque hubiera un pacto de investidura.

El partido de Santiago Abascal ya ha anticipado que, por un solo escaño, exigirán entrar siempre en el reparto de sillones, pero la dirección popular no puede aceptar esta condición porque les ciega la campaña de las generales al dar munición al eslogan de la izquierda que identifica a Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal para agitar así en el voto del miedo a la extrema derecha.

El PSOE sueña con convertir Barcelona es su «Fort Apache» y que la Ciudad Condal les proteja de las flechas que les pueden llover desde el resto de la geografía nacional por el resultado de las urnas. Pero Barcelona no será suficiente para encubrir otros indicadores decisivos, si dan mal para el PSOE. Entre ellos, la diferencia de votos con el PP, quién gana las elecciones, cuál es la lista más votada en las comunidades, y cuántos gobiernos mantiene cada partido gracias a los pactos postelectorales.

En estas últimas horas, Moncloa ha dado un giro a su mensaje de campaña para centrarse en las acusaciones contra el PP por «embarrar la política». Y, de manera oficiosa, desde el entorno del presidente señalan directamente a la Policía y a la Justicia, a los que acusan de «perseguirles» y de dirigir una campaña sucia contra ellos. El goteo de noticias que coloca en la diana del escándalo a candidatos socialistas, justo cuando los partidos echan el cierre a sus mítines, lo explican en el núcleo duro de Sánchez como un ataque del sistema, policías y jueces, en supuesta connivencia con el PP. Eso sí, el presidente del Gobierno evitó ayer hacer referencia al fraude en los actos en los que participó ayer.

La dirección popular ha pedido explicaciones por estos hechos conocidos ahora y, lógicamente, a horas de que se abran las urnas, ha utilizado el caso de Mojácar (Almería), con dos detenidos de la lista socialista, para acusar a Sánchez de hacer trampas, aunque sin poner en duda las garantías del sistema electoral. No lo ha hecho Feijóo ni tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En paralelo, los socialistas han decidido contener el desgaste de estas informaciones que vinculan a sus siglas con detenciones con un contraataque en forma de denuncia de una supuesta conspiración. En el cierre de campaña, Sánchez y Feijóo sí coincidieron ayer en llamar a la movilización de sus votantes.