La Comisión Europea advierte que vigilarán de cerca la ley de amnistía de Sánchez

La Eurocámara ha celebrado este miércoles un debate sobre la ley de amnistía española en la sesión plenaria que está teniendo lugar esta semana en Estrasburgo con el título “amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España”. Ha sido un debate bronco, con gran presencia de eurodiputados españoles de todas las fuerzas políticas y en el que han repetido muchos de los argumentos a favor y en contra escuchados en el Congreso de los diputados. Incluso ha habido citas de Antonio Machado por parte de la jefa de filas de los socialistas europeos, la española Iratxe García, en alusión a las palabras de Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura. Aunque ha habido una mayor presencia de eurodiputados extranjeros que en otras ocasiones en las que se han debatido asuntos de política nacional, el hemiciclo aparecía semi vacío con tan sólo un centenar de escaños ocupados de un total de 705 eurodiputados.

Todos las miradas estaban puestas en la comisario de Justicia Didier Reynders quien ha comenzado su discurso pidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y recordando que la coincidencia entre los mandatos del Gobierno y la Fiscalía no son la mejor garantía de independencia. Aunque ha explicado que el desafío separatista catalán es un asunto de política interna española y que corresponde al Tribunal Constitucional revisar esta ley, después ha prometido que el Ejecutivo comunitario estudiará con “detenimiento, independencia y objetividad” si la amnistía es legal y “seguirá de cerca esta cuestión” para “garantizar el cumplimiento de los valores y tratados” europeos. Unas palabras que resultado demasiado tibias para algunos como el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, que ha acusado a Reynder de no estar enterándose bien de lo que está sucediendo en España y ha aludido a las comisiones parlamentarias que abren la puerta, en el acuerdo político entre el PSOE y Junts, a examinar posibles casos de lawfare ( la utilización de la justicia con fines políticos).

Por el momento, el Ejecutivo comunitario se ha mostrado prudente sobre la nueva ley de amnistía. Tras pedir información detallada a nuestro país antes de que el texto viera la luz, el Gobierno de Pedro Sánchez envió la semana pasada la proposición de ley que ha comenzado a ser estudiada por los técnicos comunitarios. Tras ser anunciado el nuevo Gobierno este lunes, el ministro del presidencia y Justicia, Felix Bolaños, llamó por teléfono al comisario de Justicia, Didier Reynders, y la vicepresidenta da Valores y Transparencia, Vera Jourová, para explicarles que la ley de amnistía es una asunto de política española y que no se está poniendo en entredicho el respeto al Estado de Derecho. Se espera que el ministro viaje a Bruselas la semana que viene para entrevistarse con los dos cargos europeos y aclarar dudas.

La representante de la presidencia española que ha participado en el debate, Angeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, ha afeado la propia celebración del debate y ha declarado que “emplear para la batalla partidista una herramienta que cuenta con procedimientos sólidos y mayorías casi unánimes puede perjudicar los valores europeos”.

La celebración de este debate había contado con el voto a favor de populares; liberales (grupo en el que se encuadra Ciudadanos); los Conservadores y Reformistas ( fuerza que incluye a Vox); además de Identidad y Democracia ( grupo al que pertenece la Agrupación Nacional de Marine Le Pen). Habían votado en contra socialistas, verdes y la izquierda unitaria. Ninguno de los oradores, españoles o de otros partidos, se han salido del guión marcado por su partido

Para el Partido Popular Europeo, éste es un tema de máxima prioridad política, tal y como ha manifestado el jefe de filas de los populares europeos en la Eurocámara y presidente del partido, Manfred Weber quien ha abierto el debate. Según este político alemán, los socialistas, verdes y eurodiputados de izquierda unitaria han perdido “toda su credibilidad como guardianes del Estado de Derecho”, al negarse a este debate mientras muchos ciudadanos españoles se manifiestan en las calles. Weber ha acusado a Sánchez de supeditar su “egoísmo personal a la ruptura de España” y ha asegurado que la Historia está del lado del Feijoo que “tarde o temprano” será presidente de España.

La jefa de los socialistas europeos ha acusado al Partido Popular de no haber aceptado el resultado electoral del pasado 23 de julio y ha asegurado que el verdadero peligro para el Estado de Derecho son hechos como la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la que ha hecho responsable exclusivo al Partido Popular, la denominada policía patriótica o la alianza entre el PP con la extrema derecha, en alusión a Vox.

Adrián Vázquez, de Ciudadanos, ha pedido a los socialistas europeos que reaccionen, si bien el resto de eurodiputados de esta familia política han seguido la estela de García y han defendido que la amnistía es una cuestión interna española y que no contraviene el Estado de derecho. “No frivolicen con este tema porque ya sabemos cómo acaba, y usen su influencia. Tienen hoy la oportunidad de seguir defendiendo el Estado de derecho junto a nosotros como en Polonia o en Hungría", en alusión a los dos países a los que la Comisión ha abierto procedimientos de infracción y congelado fondos por su deriva autoritaria.

Jorge Buxadé, de Vox, ha señalado que la Constitución española prohíbe los indultos generales como los que están cubiertos por esta ley de amnistía. “Stalin estaría orgulloso de Sánchez, nosotros le despreciamos”, ha asegurado. Por su parte, María Eugenia Rodríguez Palop, de Podemos, se ha dirigido al Partido Popular al asegurar que “España sería Polonia si ustedes estuvieran en el poder”.

Independientemente de este debate, ahora le corresponde al Ejecutivo comunitario examinar la ley para comprobar si daña los intereses económicos de la Unión Europea ( lo que conllevaría la congelación de fondos europeos) o si el concepto de lawfare que aparece en el acuerdo político socava el Estado de Derecho.