Patrimonio Nacional responde a la apertura de diligencias del Juzgado de Instrucción Nº38 de Madrid contra la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, por el presunto amaño en la adjudicación de contratos para el mantenimiento del Valle de los Caídos.

En el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se incoa dicha apertura y se rechaza a la denunciante Fundación de Abogados Cristianos formar parte del procedimiento al no haberse cumplido los requisitos procesales que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le exige a partir de la configuración legal del ejercicio de la acción popular.

“El proceso de licitación y adjudicación del contrato de limpieza del Monasterio de El Escorial y el Valle de Cuelgamuros para el periodo 2021-2023 se realizó cumpliendo de forma rigurosa la normativa administrativa y los requisitos de contratación del sector público”, señalan fuentes del organismo.

“Hay que destacar que todos los criterios de valoración de esta licitación son automáticos, ninguno de ellos depende de un juicio de valor”, añaden fuentes de Patrimonio.

Según la explicación aportada a este diario, “la propuesta de adjudicación fue realizada por la Mesa de Contratación de la que forman parte los representantes de la Abogacía del Estado y la Intervención del Ministerio de Hacienda, y contó con la necesaria fiscalización favorable de la intervención delegada en el organismo”.

Acerca de las supuestas irregularidades de la adjudicataria, “en el expediente de contratación figura el certificado de no existencia de prohibición para contratar de la empresa adjudicataria expedido por el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público del Ministerio de Hacienda”. Según estas explicaciones, “la empresa también justificó estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”.

Apuntan desde Patrimonio Nacional que “el contrato se ejecutó a conformidad y finalizó en 2023”.

Asimismo, que “el inicio del contrato es previo al nombramiento de Ana de la Cueva como presidenta de Patrimonio Nacional”, por lo que “ella no intervino en ninguna de las fases de licitación ni, por tanto, de adjudicación”.