La patronal sobre el cupo catalán: "Es necesario pactar una transición con una fecha límite"

Tras la reunión a puerta cerrada entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la junta directiva de Foment del Treball, la patronal catalana ha asegurado que el anuncio de acuerdo al que han llegado PSC y ERC sobre los criterios básicos de un nuevo modelo de financiación autonómica para Cataluña ha desatado una dinámica que tiende a simplificar una realidad compleja y una propuesta aún por desarrollar.

A su juicio, la búsqueda de más recursos para Cataluña responde a una realidad innegable: "Su sistemática mala financiación, como también ocurre en otras comunidades". Y son precisamente estas carencias financieras las que impiden garantizar servicios públicos básicos de calidad ni disponer de las infraestructuras necesarias.

Desde Foment del Treball recuerdan que el déficit de inversión en infraestructuras en el período 2009-2023 asciende a 42.500 millones de euros, mientras que el controvertido concepto de déficit fiscal, ya sea por el método del flujo monetario o bien por de carga-beneficio, muestra una sistemática infrafinanciación de la Generalitat.

Asimismo, destacan que el acuerdo al que han llegado socialistas y republicanos responde, con mayor o menor acierto, a una realidad aceptada por todas las partes: "El actual modelo parece agotado, y no fomenta la transparencia y la corresponsabilidad fiscal, ya que se diseñó en 2009 para un período de cinco años. Se hizo creando tres fondos de ajuste y compensación del modelo que, pese a su carácter transitorio, se han consolidado sin debate alguno y hoy son origen de graves ineficiencias". Hacen referencia al preexistente fondo de suficiencia y a los de competitividad y cooperación que se implementaron en el marco de dicho acuerdo de 2009.

Diez años de retraso

La patronal catalana hace hincapié en un comunicado que, transcurridos quince años, y con diez de retraso respecto a lo señalado en la LOFCA, no se ha evaluado, con instrumentos consensuados y compartidos por el gobierno central y las comunidades autónomas, la eficiencia del modelo.

En este contexto, señalan que es necesario encarar la reforma del modelo. "Cataluña ya lideró el cambio durante el mandato del Partido Popular en 1996 con un ajuste estructural que se consolidó bajo mandato socialista en 2009, cuyas propuestas, si bien sorprendieron inicialmente, acabaron por ser aceptadas por el conjunto de comunidades", apuntan desde Foment. Así, hoy, gestionan una parte importante de los impuestos que recaudan sin que ninguna comunidad quiera recuperar el modelo previo al del 2009. Ahora, nuevamente, Cataluña lidera una propuesta que, por su propia dimensión, debe desarrollarse progresivamente, con mecanismos de transición y, en su caso, a ritmos distintos, aseguran desde la patronal. Eso sí, exigen que se haga desde el compromiso de permanente evaluación y rendición de cuentas.

El acuerdo entre el PSC y ERC llega en un momento en el que la gran mayoría de expertos parecen coincidir en tres consideraciones:

1. Un modelo de financiación debe resultar dinámico y disponer de mecanismos que favorezcan la innovación y la adaptación a un entorno cambiante.

2. Los tres elementos clave del modelo -ordinalidad, nivelación y equidad vertical- deben cumplir con el propósito para el que fueron diseñados, lo que requiere su evaluación transparente y continuada. El objetivo es garantizar servicios públicos esenciales de calidad a todos los ciudadanos españoles.

3. El modelo debe garantizar la autonomía financiera y la corresponsabilidad tributaria, que debe venir definida por las preferencias de autogobierno de cada comunidad respectiva.Asimismo, la reforma del modelo de financiación, una de las políticas públicas más relevantes en todo estado descentralizado avanzado, requiere un consenso sustentado en una visión a largo plazo. Por eso, en un marco de negociación transparente, no caben las amenazas ni las urgencias.

Desde Foment del Treball aseguran que mientras no se implemente el nuevo modelo es necesario un mecanismo de transición que actúe de facilitador del cambio y replantee urgentemente la reducción del nivel de endeudamiento de las comunidades, compensando la parte de deuda autonómica causada por la infrafinanciación consecuencia de tantos años de inconsistencia del modelo actual. También consideran necesaria la modificación y revisión de la estructura, dotación y funcionalidad de los requerimientos para el acceso al Fondo de Financiación de Compensación Interterritorial. Finalmente, es necesaria una revisión del sistema actual de retenciones y entregas a cuenta que realiza el gobierno central.

Transición con fecha límite

En definitiva, es necesario, pues, pactar una transición con una fecha límite: determinar los años que va a durar; consensuar mediante el estudio de las cuentas territorializadas el impacto que produce el nuevo modelo; y ajustar las obligaciones y resultados obtenidos. Es decir, evaluar constantemente y reajustarse de forma dinámica.

En cualquier caso, la bondad de la propuesta dependerá de la forma en que se desarrolle. Por eso, lo determinante, como ocurre con cualquier posible acuerdo, será el grado de lealtad política e institucional de las partes.

"Entendemos que la propuesta puede conducir a la justa mejora de la financiación de Cataluña y la conformación de un modelo sostenible, suficiente y solidario para todas las comunidades. Este espíritu debe animar a partidos, agentes sociales e instituciones privadas a participar activamente en el debate, aparcando posiciones previas e irrenunciables que imposibiliten el acuerdo", manifiestan.