El PP planteará un conflicto constitucional si el Congreso no vota la ley que liberará a etarras

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado este viernes que si la Mesa del Congreso no rectifica y la ley de antecedentes penales no vuelve a ser votada en la Cámara Baja, entonces la Cámara Alta, en la que su partido tiene mayoría, planteará un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha indicado que, tras considerar que es "inadmisible" que la Mesa del Congreso haya decidido que se publique la ley que permitirá que algunos etarras computen sus tiempos de prisión en otros países de la Unión para su condena en España, obviando que "el veto" del Senado está avalado por los letrados. Asimismo, apuntó que con esta actuación, Armengol "boicotea las competencias del Senado" e intenta "amordazar" a esta institución.

La portavoz del PP ha informado de que su grupo ha registrado una solicitud para que el Senado requiera formalmente a la Mesa del Congreso una rectificación, y ha adelantado que si no lo hace, acudirán al Tribunal Constitucional mediante el conflicto entre órganos constitucionales, algo inédito entre las dos cámaras legislativas.

LA RAZÓN ya adelantó que los populares llevarían este conflicto de atribuciones al Constitucional después de que el presidente del Senado, Pedro Rollán, no se diera por vencido con la ley que va a liberar a una cuarentena de etarras. Ya que, tras la maniobra del pasado lunes cuando decidió devolver la iniciativa al Congreso porque el Pleno del Senado la había rechazado con mayoría absoluta pese a que no se había presentado un veto, Rollán remitió una carta a Francina Armengol en le pedía que "proceda a convocar el Pleno" del Congreso para que se vuelva a votar la reforma de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que va a permitir la aceleración de la puesta en libertad de presos etarras. En dicha misiva dejaba entrever que acudirían al Tribunal Constitucional. "En tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, sentando nueva jurisprudencia que dé solución al caso que nos ocupa, hasta ahora inédito, le ruego encarecidamente (...) que proceda a convocar el Pleno", señalaba el presidente del Senado en la misiva.

Ofensiva contra el "cupo separatista"

Por otra parte, la portavoz del PP anunció también una ofensiva parlamentaria en el Senado para conocer las consecuencias del "cupo separatista" para Cataluña, en alusión al acuerdo entre PSC y ERC para mejorar la financiación de esta comunidad autónoma. A este respecto, apuntó que el Gobierno está intentando "esconder en un cajón las cláusulas pactadas" con la formación republicana.

Enmarcó este pacto de financiación para Cataluña en la "triple corrupción" que atribuye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de estar "sepultado en su corrupción moral, política y económica".

En este sentido, adelantó que el PP pedirá la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que expertos de distintas instituciones "expongan sus criterios sobre el cupo y su impacto en los servicios públicos".

La portavoz popular también ha adelantado que se convocará a expertos de Fedea, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Consejo General de Economistas de España y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Según explicó, la Mesa de dicha Comisión fijará el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de comparecientes. Tras las comparecencias, el Senado elaborará un informe de conclusiones con las aportaciones de los expertos y recomendaciones al Gobierno.

También los populares apuestan por impulsar una reforma del Reglamento del Senado para que una mayoría absoluta de senadores pueda incluir puntos en el orden del día de la Conferencia de Presidentes.

Por otra parte, anunció que la formación popular llevará la ampliación de la comisión de investigación sobre el "caso Koldo" al Pleno del Senado del 29 de octubre, al tiempo que destacó el "daño reputacional" que, a su juicio, sufre España por la "corrupción de Sánchez".