El Pleno del TC asumirá el debate del recurso de lesionados del 1-O

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto asumir el debate sobre el recurso de amparo presentado por varios ciudadanos lesionados en un colegio electoral de Barcelona el 1-O que consideran que la decisión de la Audiencia Provincial de avalar el cierre de la investigación vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. Así al menos lo han solicitado tres magistrados conservadores de la corte de garantías –Enrique Arnaldo, César Tolosa y José María Macías– que consideran que, como ha sucedido con todos los asuntos relacionados con el proceso independentista en Cataluña en 2017, debe ser el Pleno y no una de sus Salas (en este caso la Segunda, igualmente de mayoría progresista) el que aborde este debate.

El asunto figura en el orden del día del Pleno de la Sala Segunda, presidida por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que se celebra el próximo lunes. Sobre la mesa, una propuesta de resolución de la magistrada Laura Díez que propone conceder el amparo al apreciar una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes.

La queja de los recurrentes, que primero el juez instructor y después la Audiencia de Barcelona vulneraron sus derechos fundamentales al cerrar la investigación después de negarse a declararla compleja para prolongarla unos meses más. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró (Barcelona) fundamentó su decisión en la levedad de las lesiones y en la imposibilidad de identificar a los agentes que las habían causado.

Posibles "excesos" policiales

Pero para la magistrada ponente el hecho de que la Audiencia de Barcelona, al respaldar el sobreseimiento acordado por el instructor, admitiese que no podía descartarse «que se produjeran excesos en la acción policial» ni que «esos excesos fuesen la causa de lesiones» vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

Por eso, propone anular esas resoluciones y que se retome la instrucción desde el momento previo a esas decisiones controvertidas. Lo que supondría, de facto, que el juez debería acordar más diligencias (la acusación particular ha reclamado, por ejemplo, la geolocalización de los móviles de los guardias civiles y la declaración de varios testigos) para tratar de identificar a los responsables.

Algo que algunos magistrados del TC consideran paradójico después de que la propia corte de garantías haya avalado la Ley de Amnistía, que considera que ampara estas conductas expresamente y a la que la propuesta de resolución no hace referencia.

La petición de los magistrados conservadores desembocará previsiblemente en que se derive al Pleno la cuestión, que en consecuencia no será abordada por la Sala Segunda en su reunión del próximo lunes.

Los hechos se produjeron en la Escuela Pública Joventut de Callús (Barcelona) y motivaron una denuncia de los afectados ante los juzgados de Manresa por lesiones y contra las garantías constitucionales (al entender que las resoluciones judiciales referidas vulneraron su derecho de reunión). En esa denuncia se atribuía a los agentes un uso desproporcionado de la fuerza para abrir un pasillo entre los centenares de ciudadanos que intentaron impedirles la retirada de las urnas, en ejecución de un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.