Pozas admite que entregó datos de Iglesias a Villarejo

Dimitió como ex número dos de comunicación de Moncloa para no perjudicar a Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó ayer al ex director de Interviú Alberto Pozas por un presunto delito de revelación de secretos tras escuchar su declaración después de que el comisario Villarejo, actualmente jubilado y en prisión incondicional, le señalara como el origen de los datos del móvil de Dina Bousselham, colaboradora de Pablo Iglesias en Podemos en 2016, encontrados entre el material informático que apareció en uno de los registros efectuados al policía. Pozas hizo efectiva su dimisión el pasado viernes como director general de Información Nacional de Moncloa para que no se utilizara su citación en la décima pieza del «caso Tándem» contra Villarejo «para atacar al Gobierno y el presidente».

Fue el propio comisario el que señaló a Pozas, primer periodista imputado en el juicio a Villarejo, como el origen del contenido del teléfono de Bousselham. Según la declaración del comisario, Pozas se lo habría entregado tras considerar que su contenido no era publicable. Villarejo entonces estudió el material y, tras considerar que no era de «interés policial», elevó un informe transmitiendo esta idea a sus superiores. El pasado martes, el director del Grupo Zeta, Antonio Asensio, compareció ante el juez García Castellón por este mismo asunto ya que el propio Iglesias en su declaración como perjudicado dijo que había sido Asensio quien le había dado los datos procedentes del móvil de su colaboradora. En el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde se ha centralizado la causa abierta contra Villarejo, también se ha investigado el robo de los datos del teléfono, que según la declaración del comisario habría surgido a causa de un despecho sentimental. El novio de Bousselham en aquella época declaró ayer mismo al juez que no sabía cómo se había producido el robo de los datos. Éste tuvo lugar en los meses decisivos de 2016 en los que se estaban produciendo las negociaciones para investir al presidente del Gobierno en lo que se conoce desde entonces como «la legislatura fallida».

Por otra parte, también se hizo público ayer que Podemos había denunciado en octubre que la cámara de seguridad colocada en la entrada del chalé de los Iglesias en Galapagar había sido pirateada y que sus imágenes se podían ver a través de varias páginas web en Internet. Fuentes de Interior confirmaron que la cámara se había instalado en septiembre junto a un dispositivo de seguridad de la Guardia Civil que incluía un coche camuflado para que no se produjeran actos vandálicos en el chalé.

Por otro lado, en el marco de la campaña electoral, Iglesias anunció ayer que si llega a la presidencia del Gobierno creará una unidad especial para acabar con «las cloacas del Estado».